/ domingo 28 de junio de 2020

Abelardo L. Rodríguez

La Espiga


Una de las primeras determinaciones del Gral. Abelardo L. Rodríguez al asumir la titularidad del Gobierno del Distrito Norte de B.C. (año 1923) fue la de mexicanizar las tierras agrícolas del Valle de Mexicali.

Estos terrenos apropiados para la agricultura abastecidos por las aguas del Río Colorado eran en su mayoría propiedad de compañías extranjeras con títulos obtenidos desde los tiempos de Porfirio Díaz, cuando tierras y aguas mexicanas se ofrecían sin restricciones a los inversionistas interesados en traer el progreso capitalista al México bronco.

El gobernador Rodríguez realiza varias adquisiciones de terrenos ubicados en el Valle de Mexicali pertenecientes a consorcios empresariales norteamericanos. Su objetivo era dotar de tierras agrícolas a agricultores mexicanos para arraigarlos en Mexicali junto a sus familias y de esta manera fomentar el sentido de pertenencia y el patriotismo tan necesario en esta parte del país.

Para muestra de esta decisión gubernamental tenemos varias compras de tierras que fueron rescatadas y puestas a disposición de familias mexicanas. En enero de 1927 a la Compañía Agrícola y Ganadera de Tierras Mexicanas, S.A. se le compró un predio rústico llamado “Rancho de Filler” con una superficie de 908 hectáreas. En abril de 1927 el gobierno compró el predio rústico -propiedad de la Imperial Valley Farms Company- con una superficie de 404 hectáreas, irrigado por el sistema de canales “Warlow”. Ambos ranchos agrícolas tuvieron un costo de 116 mil dólares. Estos predios fueron fraccionados en parcelas de 20 hectáreas de tierras listas para el cultivo de todo tipo de productos agropecuarios. Las parcelas fueron entregadas a agricultores mexicanos, quienes pagarían mediante créditos accesibles de largo plazo.

En noviembre de 1927 el Gobierno de BC compró a la Compañía de Terrenos y Aguas de Baja California S.A. un terreno agrícola con una superficie de 5,015.5 hectáreas para ser puestas a disposición de pequeños agricultores mexicanos. Se trataba de terrenos perfectamente cultivables y dotados de canales de irrigación. Estas colonias agrícolas ya habían sido previamente otorgadas con carácter de “posesión” por el gobierno de Esteban Cantú. Se trataba de los núcleos denominados Rivera, Castro, Abasolo y Herradura, los que al no ser íntegramente propiedad de agricultores mexicanos eran todavía “administrados” por sus propietarios norteamericanos.

Estos terrenos eran rentados por sus dueños a agricultores de varias nacionalidades dejando sin empleo a los jornaleros mexicanos. El gobierno del Gral. Rodríguez -al adquirir estos predios- los pone a disposición de las familias mexicanas, las cuales pudieron pagarlos en un período de 10 años. Cada hectárea se ofreció a un costo de 40 pesos, lo que incluía el derecho al acceso a refacciones, créditos diversos y al suministro de agua.

La colonia agrícola “Progreso y Anexas”, en una superficie de 2,230 hectáreas, dio posesión a familias mexicanas de terrenos de 16 hectáreas listos para labores agrícolas y ganaderas. Bajo la forma de cooperativa se pudieron sumar las colonias Sonora y Zaragoza a este proyecto vanguardista, sumando una superficie de tierras en el orden de las 5,000 hectáreas.

En poco tiempo a los colonos mexicanos ya se les había dotado de instrumentos de labranza, animales, semillas, casas de madera y artículos de primera necesidad.

La Espiga


Una de las primeras determinaciones del Gral. Abelardo L. Rodríguez al asumir la titularidad del Gobierno del Distrito Norte de B.C. (año 1923) fue la de mexicanizar las tierras agrícolas del Valle de Mexicali.

Estos terrenos apropiados para la agricultura abastecidos por las aguas del Río Colorado eran en su mayoría propiedad de compañías extranjeras con títulos obtenidos desde los tiempos de Porfirio Díaz, cuando tierras y aguas mexicanas se ofrecían sin restricciones a los inversionistas interesados en traer el progreso capitalista al México bronco.

El gobernador Rodríguez realiza varias adquisiciones de terrenos ubicados en el Valle de Mexicali pertenecientes a consorcios empresariales norteamericanos. Su objetivo era dotar de tierras agrícolas a agricultores mexicanos para arraigarlos en Mexicali junto a sus familias y de esta manera fomentar el sentido de pertenencia y el patriotismo tan necesario en esta parte del país.

Para muestra de esta decisión gubernamental tenemos varias compras de tierras que fueron rescatadas y puestas a disposición de familias mexicanas. En enero de 1927 a la Compañía Agrícola y Ganadera de Tierras Mexicanas, S.A. se le compró un predio rústico llamado “Rancho de Filler” con una superficie de 908 hectáreas. En abril de 1927 el gobierno compró el predio rústico -propiedad de la Imperial Valley Farms Company- con una superficie de 404 hectáreas, irrigado por el sistema de canales “Warlow”. Ambos ranchos agrícolas tuvieron un costo de 116 mil dólares. Estos predios fueron fraccionados en parcelas de 20 hectáreas de tierras listas para el cultivo de todo tipo de productos agropecuarios. Las parcelas fueron entregadas a agricultores mexicanos, quienes pagarían mediante créditos accesibles de largo plazo.

En noviembre de 1927 el Gobierno de BC compró a la Compañía de Terrenos y Aguas de Baja California S.A. un terreno agrícola con una superficie de 5,015.5 hectáreas para ser puestas a disposición de pequeños agricultores mexicanos. Se trataba de terrenos perfectamente cultivables y dotados de canales de irrigación. Estas colonias agrícolas ya habían sido previamente otorgadas con carácter de “posesión” por el gobierno de Esteban Cantú. Se trataba de los núcleos denominados Rivera, Castro, Abasolo y Herradura, los que al no ser íntegramente propiedad de agricultores mexicanos eran todavía “administrados” por sus propietarios norteamericanos.

Estos terrenos eran rentados por sus dueños a agricultores de varias nacionalidades dejando sin empleo a los jornaleros mexicanos. El gobierno del Gral. Rodríguez -al adquirir estos predios- los pone a disposición de las familias mexicanas, las cuales pudieron pagarlos en un período de 10 años. Cada hectárea se ofreció a un costo de 40 pesos, lo que incluía el derecho al acceso a refacciones, créditos diversos y al suministro de agua.

La colonia agrícola “Progreso y Anexas”, en una superficie de 2,230 hectáreas, dio posesión a familias mexicanas de terrenos de 16 hectáreas listos para labores agrícolas y ganaderas. Bajo la forma de cooperativa se pudieron sumar las colonias Sonora y Zaragoza a este proyecto vanguardista, sumando una superficie de tierras en el orden de las 5,000 hectáreas.

En poco tiempo a los colonos mexicanos ya se les había dotado de instrumentos de labranza, animales, semillas, casas de madera y artículos de primera necesidad.

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