/ miércoles 5 de febrero de 2020

Centros de Verificación, fracaso

Prisma


El gobierno que comanda el ingeniero Jaime Bonilla Valdez tiene la gran oportunidad de enmendar un gran error cometido por administraciones estatales anteriores al otorgar las concesiones para operar los controvertidos Verificentros -para variar en condiciones no muy claras-, cuya tarea principal sería revisar las condiciones mecánicas de vehículos, como una medida para eliminar la contaminación ambiental que nos agobia.

Como es bien sabido, las concesiones se dieron a una empresa del interior del país, al parecer cuyos propietarios son políticos influyentes -cuyo único interés es ganar dinero “a como dé lugar”- con antecedentes poco recomendables.

Expertos en la materia, desde el inicio de sus operaciones denunciaron que la empresa estaba utilizando equipo obsoleto que no garantizaba eficiencia alguna en la revisión de los motores. Sin embargo, nadie -menos las autoridades- hicieron algo para evitar tan anómala situación. Los Verificentros siguieron operando y solo se limitaron a cobrar por el servicio sin importarles que las unidades estuvieran en malas condiciones, limitándose a cobrar y emitir los famosos certificados en forma totalmente irregular. Así su tarea se convirtió en recaudatoria, haciendo caso omiso de su misión en favor del mejoramiento del ambiente.

El tema vino a colación al enterarnos que afortunadamente los contratos relacionados con las concesiones otorgadas –afirmase- se otorgaron en condiciones irregulares, están por vencer, según información difundida por el secretario de Economía del Estado, Mario Escobedo Carignan.

El mismo funcionario informó que las concesiones están bajo estudio jurídico y que hay posibilidades “que no sean renovadas, sino otorgadas a otras empresas” por considerar que no se cumplieron las obligaciones contempladas en los contratos correspondientes.

Por otra parte, se considera que el programa implementado de manera conjunta con los gobiernos anteriores fue un total fracaso, ya que a la fecha “ni siquiera una tercera parte de los vehículos registrados oficialmente se han presentado a cumplir con la famosa verificación”.

Así las cosas, insistimos, el gobierno estatal tiene la gran oportunidad de analizar a fondo el problema ocasionado por las empresas que incumplieron sus obligaciones -coadyuvar en la lucha contra la contaminación ambiental que prevalece en Baja California, particularmente en la ciudad capital- y cancelar las concesiones para entregarlas a las que garanticen acciones efectivas que acaben con el fenómeno ambiental que -según expertos- está por convertirse en un tema de salud pública.

PD.- Se habla de regularizar los carros “chocolate”, pero nadie dice nada sobre el castigo que ameritan quienes hicieron negocio fabuloso al vender falsa “protección” usurpando acciones gubernamentales.

Prisma


El gobierno que comanda el ingeniero Jaime Bonilla Valdez tiene la gran oportunidad de enmendar un gran error cometido por administraciones estatales anteriores al otorgar las concesiones para operar los controvertidos Verificentros -para variar en condiciones no muy claras-, cuya tarea principal sería revisar las condiciones mecánicas de vehículos, como una medida para eliminar la contaminación ambiental que nos agobia.

Como es bien sabido, las concesiones se dieron a una empresa del interior del país, al parecer cuyos propietarios son políticos influyentes -cuyo único interés es ganar dinero “a como dé lugar”- con antecedentes poco recomendables.

Expertos en la materia, desde el inicio de sus operaciones denunciaron que la empresa estaba utilizando equipo obsoleto que no garantizaba eficiencia alguna en la revisión de los motores. Sin embargo, nadie -menos las autoridades- hicieron algo para evitar tan anómala situación. Los Verificentros siguieron operando y solo se limitaron a cobrar por el servicio sin importarles que las unidades estuvieran en malas condiciones, limitándose a cobrar y emitir los famosos certificados en forma totalmente irregular. Así su tarea se convirtió en recaudatoria, haciendo caso omiso de su misión en favor del mejoramiento del ambiente.

El tema vino a colación al enterarnos que afortunadamente los contratos relacionados con las concesiones otorgadas –afirmase- se otorgaron en condiciones irregulares, están por vencer, según información difundida por el secretario de Economía del Estado, Mario Escobedo Carignan.

El mismo funcionario informó que las concesiones están bajo estudio jurídico y que hay posibilidades “que no sean renovadas, sino otorgadas a otras empresas” por considerar que no se cumplieron las obligaciones contempladas en los contratos correspondientes.

Por otra parte, se considera que el programa implementado de manera conjunta con los gobiernos anteriores fue un total fracaso, ya que a la fecha “ni siquiera una tercera parte de los vehículos registrados oficialmente se han presentado a cumplir con la famosa verificación”.

Así las cosas, insistimos, el gobierno estatal tiene la gran oportunidad de analizar a fondo el problema ocasionado por las empresas que incumplieron sus obligaciones -coadyuvar en la lucha contra la contaminación ambiental que prevalece en Baja California, particularmente en la ciudad capital- y cancelar las concesiones para entregarlas a las que garanticen acciones efectivas que acaben con el fenómeno ambiental que -según expertos- está por convertirse en un tema de salud pública.

PD.- Se habla de regularizar los carros “chocolate”, pero nadie dice nada sobre el castigo que ameritan quienes hicieron negocio fabuloso al vender falsa “protección” usurpando acciones gubernamentales.

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