/ miércoles 23 de febrero de 2022

¿Chocolates a la congeladora?

CONTRASENTIDO

Los automóviles introducidos de manera ilegal o aquellos que no pueden comprobar su legal estancia en el territorio nacional se les denomina “chocolates”, en alusión a que circulan “chuecos” o fuera de la legalidad. Estos autos son un problema cíclico y social que se presenta en México.

Generalmente las ciudades fronterizas carecen de un sistema de transporte colectivo eficiente, que aunado a lo disperso de la población crean la necesidad de tener un automóvil por familia y en muchas ocasiones hasta por cada miembro. Y si le agregamos lo complicado que es adquirir un automóvil de agencia, la situación se agrava.

El problema de los autos “chocolate” va más allá del transporte y del derecho a un patrimonio, sino que impacta directamente en temas como la seguridad pública al no tenerse un control vehicular, fomentar el contrabando y corrupción por los “emplacamientos sociales” que solo crean ganancias ilegales para particulares, mientras el Estado no recibe ingresos, pero sí tiene que ofrecer servicios públicos.

En semanas pasadas se publicó un decreto para permitir la regularización de estos vehículos a un costo de 2,500 pesos de impuestos más los honorarios de los agentes aduanales, pero desafortunadamente los costos se inflaron hasta en seis veces más por los intermediarios y probablemente por la corrupción que existe en las Aduanas. Lo anterior ha ocasionado el rumor que el decreto se congelará, para emitir uno nuevo con otro esquema directo en el cual el ciudadano pueda acudir a las agencias fiscales de los estados y hacer los trámites directos.

Lo anterior pone de manifiesto que las Aduanas en México siguen siendo un foco rojo en materia de corrupción, que se requiere una reforma en materia de simplificación administrativa para que quienes ejercen la patente aduanal puedan ser los únicos intermediarios entre el ciudadano y la autoridad, eliminando a terceros que hacen su agosto ante lo difícil que es cumplir con las normativas en materia de cumplimiento de impuestos. Y por otro lado, el problema seguirá, porque mientras no tengamos un transporte colectivo eficiente se seguirá recurriendo al mercado de los automóviles del vecino país.

Otro factor que no debemos olvidar en el tema es el relativo a que muchos de estos vehículos han sido chocados, siniestrados y que no deberían circular porque ponen en riesgo la vida de quienes los utilizan. Un tema difícil, pero que al menos se ha dado el paso de intentar regularizarlos y, sobre todo, es de reconocer que se tiene la intención de beneficiar al ciudadano al no permitir los abusos por el encarecimiento del proceso.

glinarez@hotmail.com

CONTRASENTIDO

Los automóviles introducidos de manera ilegal o aquellos que no pueden comprobar su legal estancia en el territorio nacional se les denomina “chocolates”, en alusión a que circulan “chuecos” o fuera de la legalidad. Estos autos son un problema cíclico y social que se presenta en México.

Generalmente las ciudades fronterizas carecen de un sistema de transporte colectivo eficiente, que aunado a lo disperso de la población crean la necesidad de tener un automóvil por familia y en muchas ocasiones hasta por cada miembro. Y si le agregamos lo complicado que es adquirir un automóvil de agencia, la situación se agrava.

El problema de los autos “chocolate” va más allá del transporte y del derecho a un patrimonio, sino que impacta directamente en temas como la seguridad pública al no tenerse un control vehicular, fomentar el contrabando y corrupción por los “emplacamientos sociales” que solo crean ganancias ilegales para particulares, mientras el Estado no recibe ingresos, pero sí tiene que ofrecer servicios públicos.

En semanas pasadas se publicó un decreto para permitir la regularización de estos vehículos a un costo de 2,500 pesos de impuestos más los honorarios de los agentes aduanales, pero desafortunadamente los costos se inflaron hasta en seis veces más por los intermediarios y probablemente por la corrupción que existe en las Aduanas. Lo anterior ha ocasionado el rumor que el decreto se congelará, para emitir uno nuevo con otro esquema directo en el cual el ciudadano pueda acudir a las agencias fiscales de los estados y hacer los trámites directos.

Lo anterior pone de manifiesto que las Aduanas en México siguen siendo un foco rojo en materia de corrupción, que se requiere una reforma en materia de simplificación administrativa para que quienes ejercen la patente aduanal puedan ser los únicos intermediarios entre el ciudadano y la autoridad, eliminando a terceros que hacen su agosto ante lo difícil que es cumplir con las normativas en materia de cumplimiento de impuestos. Y por otro lado, el problema seguirá, porque mientras no tengamos un transporte colectivo eficiente se seguirá recurriendo al mercado de los automóviles del vecino país.

Otro factor que no debemos olvidar en el tema es el relativo a que muchos de estos vehículos han sido chocados, siniestrados y que no deberían circular porque ponen en riesgo la vida de quienes los utilizan. Un tema difícil, pero que al menos se ha dado el paso de intentar regularizarlos y, sobre todo, es de reconocer que se tiene la intención de beneficiar al ciudadano al no permitir los abusos por el encarecimiento del proceso.

glinarez@hotmail.com