PRISMA
No cabe duda que la corrupción en el servicio público no tiene límites. Como se dice coloquialmente: “En donde le rasques sale pus”.
Pareciera que a nuestros gobernantes -de los tres niveles de gobierno-, salvo rarísimas excepciones, solo los anima la ambición de enriquecerse rápida y fácilmente, aprovechando el poder que les concede el cargo público.
Cuenta una leyenda urbana que un viejo político -poseedor de gran fortuna, obviamente mal habida- fue consultado por una persona que debutaba como funcionario de una importante oficina pública: -¿Qué tan honesto debo ser en mi desempeño? La respuesta fue muy clara y precisa: “Róbate solo 2 mil millones de pesos. Uno de ellos será para ti y el otro para pagar a los abogados que necesitarás para evitar que vayas a la cárcel.
Por lo visto, tal recomendación ha sido acatada al pie de la letra, no solo por quien pidió el consejo, sino por toda una generación de aquellos que se suponía serían los responsables de cuidar los intereses ciudadanos. Así lo prueba las nuevas comaladas de funcionarios que habiendo faltado a su promesa de actuar honestamente, hicieron lo contrario; de manera particular la administración de Enrique Peña Nieto, calificada como la más corrupta de todas.
El tema vino a colación al enterarnos de los actos de corrupción, detectados hasta hoy, por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), cometidos impunemente por sus funcionarios y empleados en complicidad con importantes empresarios locales y extranjeros y políticos tijuanenses, afectando gravemente las finanzas del organismo. En este delicado asunto, hay que decirlo, los ex gobernadores Francisco Vega de Lamadrid, quien figura en la larga lista de deudores; José Guadalupe Osuna Millán, Eugenio Elorduy y Alejandro González Alcocer nos deben una amplia explicación, porque siendo presidentes del Consejo de Administración de la paraestatal, si mal no recuerdo, nunca detectaron los malos manejos hoy descubiertos. No olvidar la sentencia: “El que calla otorga”.
Para mencionar nombres de los grandes deudores por consumo de agua y servicios que presta la CESPT, faltaría espacio. El propio ejecutivo estatal se ha encargado de darlos a conocer vía medios de comunicación. El último fue del priísta Jorge Hank Rhon, amo y señor del Hipódromo de Tijuana y aspirante eterno a la gubernatura del Estado. Mención especial merece el Grupo Aeroportuario del Pacífico -empresa española que opera el aeropuerto tijuanense-, que no solo debe consumos de agua, sino también 700 millones de pesos de impuesto predial.
Así las cosas, ¿podrán Bonilla Valdez y el alcalde Arturo González Cruz lograr la hazaña que la influyente empresa extranjera pague lo que debe; acción que no pudieron o no quisieron hacer sus respectivos antecesores por razones que solo ellos conocen. Veremos y comentaremos.
