Prisma
En comunicado, la COPARMEX, cuyo dirigente es Gustavo de Hoyos Walther, al destacar la importancia de la industria automotriz nacional y los graves impactos que enfrenta con el contrabando de los vehículos denominados “chocolate”, plantea además que esta actividad es frecuentemente ignorada por las autoridades federales y su libre circulación solapada por autoridades locales y municipales.
El dirigente empresarial -podríamos decir- “puso el dedo en la llaga” y da a entender que son las propias autoridades federales mexicanas las que tienen la solución al problema que representan para la industria mencionada e impacta negativamente en la actividad económica en general.
Veamos el origen del problema: ¿Por dónde se internan a México los carros ‘chocolate’? Necesariamente debe ser por las aduanas, de manera particular las que operan en la frontera norte. Que nosotros estemos enterados, los “vehículos no vuelan”. No hay de otra: Las unidades entran por las aduanas de Tijuana, Tecate, Mexicali y San Luis, RC Sonora, ante el disimulo y complicidad de sus funcionarios.
¿Quiénes son los responsable que dichas dependencias operen de manera honesta evitando el contrabando vehicular? La respuesta es bien sencilla: Son precisamente los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y su brazo ejecutor el SAT, que al ignorar, permitir el contrabando y la circulación de carros “chocolate”, de hecho se convierten en cómplices.
Varias cuartillas hemos escrito denunciando el silencio y soslayo de las autoridades hacendarias en este delicado asunto. Nada han hecho por lo visto, ya que el contrabando pareciera que cada día aumenta, dando la impresión que intereses muy poderosos protegen a quienes realizan ese grave delito que ha permitido a ciertos personajes convertirse de la noche a la mañana en millonarios.
Y qué decir de quienes han hecho otro jugoso negocio con el contrabando, que de la manera más impune engañan a los dueños de unidades vendiéndoles una calcomanía -o placa de cartón- que supuestamente les permite circular por calles y carreteras sin que nadie los moleste. Curiosamente, el lema de algunas de ellas es: “Protegemos su patrimonio”.
Ninguna autoridad ha intervenido para poner alto a tan ilegal actividad. Hemos observado cuando un policía municipal ve circulando un carro chueco, pese a lo establecido por leyes y reglamentos municipales, “se hacen de la vista gorda y no pasa nada”.
Así las cosas, ojalá que el señalamiento de Gustavo de Hoyos -en nombre de 36 mil agremiados- sea tomado en cuenta y la gente de Hacienda deje de estar ausente de este problema. Ellos tienen la solución en sus manos.
¿Qué intereses tan poderosos les impide actuar?
