El Gran Cañón es una de las maravillas naturales más impresionantes en las que he puesto pie. Frente a su inmensidad es muy fácil perder el aliento. Un atardecer frente a esas montañas iluminadas por los tintes rojizos de un sol que se resiste a ponerse es hechizante.
Ese lugar tiene magia. Es una fuente de inspiración y un manantial de recursos naturales que poco a poco se agotan por capricho de la naturaleza y la voluntad del hombre. Sí, el hombre, que una vez más no conoce sus límites.
El presidente Biden viajó a Arizona para designar a Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni, Huellas Ancestrales, como Monumento Nacional del Gran Cañón. Las comunidades indígenas tenían más de una década pidiéndolo. Esa certificación oficial les permitiría conservar lo más intacto posible el territorio de sus ancestros, ese casi millón de acres del parque que era amenazado por una legislación demasiado laxa para aquellos que no saben cuándo detenerse al saquear a la naturaleza.
La visita presidencial fue mucho más que un nombramiento o un acto de buena voluntad; fue una estrategia de esta administración para prevenir la explotación de la minería de uranio en esas tierras que además son sagradas para nuestras tribus. Las acciones de Biden sirvieron también para empujar su agenda justo antes de un pesado año electoral con miras a las presidenciales en 2024. En su mesa, por fin, se ponen al frente los problemas medioambientalistas, de conservación y de sostenibilidad.
Arizona es un desierto con muchos oasis. Es una tierra fértil para los cultivos y una mina natural llena de uranio y cobre. Hay pueblos que se forjaron por la extracción de minerales y siguen viviendo de ellos. Pero hay otros, como Superior o Phoenix, en donde estas actividades podrían poner en jaque el abastecimiento de agua de la región para las futuras generaciones.
La ley de Arizona no contempla límites del uso de este vital líquido cuando se trata de la minería; pueden secar el subsuelo y la ley de 1980 les permitiría a esas corporaciones hacerlo sin pagar un solo céntimo.
A pesar de los desafíos para conservar el agua, Arizona contempla un proyecto que dará 400 millones de dólares en agua a unas compañías mineras para que lleven a cabo un proyecto que duraría unos 40 años. Resolution Copper utilizaría unos 250 mil millones de galones de agua subterránea para extraer unos 40 mil millones de libras de cobre, sin necesidad de hacer más. Es decir, las leyes le permiten un acceso gratuito, ilimitado y sin regular a un recurso natural que se agota.
Las restricciones se aplican a desarrolladores comerciales y comerciales, pero no aquellos que se protegen en una laguna legal que nos está secando desde el centro. Otro ejemplo de nuestra doble moral en el desierto.
