Estrategia$
Hace unos días, el sector empresarial de Baja California (BC) manifestó su preocupación por el grave estado que guardan las finanzas públicas en la entidad, situación que se ha traducido en la falta de entrega de recursos a dependencias, organismos autónomos y trabajadores de diversas instituciones educativas, así como a jubilados y pensionados.
Lo hizo a través de sus representantes camarales que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En rueda de prensa reconocieron no darse cuenta del problema financiero en que cayó la administración de Francisco Vega de Lamadrid, sino hasta hace poco. Y al respecto uno de ellos admitió: “… Somos también parte del problema, por eso hay que ser parte de la solución”.
En un desplegado hicieron alusión a los deficits financieros que se han dado durante la gestión del actual gobierno, alcanzando niveles alarmantes. También al incremento sostenido de la deuda pública y la falta de planeación financiera.
Reprocharon la falta de programas de austeridad y para evitar que se hereden más compromisos financieros, demandaron la cancelación de proyectos en proceso como son el C5i, la desaladora de Rosarito y el segundo piso de Tijuana. Dejaron clara su oposición al incremento de impuestos para resolver los problemas de falta de liquidez, pues dicha política sería un desincentivo para inversiones futuras.
Propusieron crear un “Consejo Consultivo Financiero de Emergencia” para que gobierno y sector productivo encuentren una solución conjunta, oferta que el gobierno estatal accedió analizar.
En mi opinión, cualquier proposición que busca resolver problemas es bienvenida. No obstante, es necesario no olvidar que tratándose del manejo de los recursos públicos, corresponde al Poder Legislativo no sólo autorizar el Presupuesto de Egresos respectivo, sino analizar y dar seguimiento todo lo concerniente a éste.
A la fecha, el Ejecutivo estatal no ha dado una explicación fundada de cómo se llegó a la debacle actual. Lo único que ha divulgado es que hubo “complicaciones” derivadas de la falta de entrega de recursos extraordinarios solicitados “oportunamente” al gobierno federal. Con ello pretende hacer responsable a este último. No obstante, la SHCP informa que las participaciones y aportaciones federales se han entregado en tiempo y forma, incluso en monto superior a lo inicialmente presupuestado.
Al parecer, la clave de todo este asunto radica en dos palabras: “Recursos extraordinarios”. La crisis presupuestal está relacionada a rubros de gasto corriente como sueldos y salarios. Y éstos deben estar cubiertos por ingresos ordinarios. Alrededor del 90% de los ingresos estatales provienen de la Federación. Y si éstos se han recibido en tiempo y monto previsto, no hay razón aparente para que el gobierno estatal falle en sus obligaciones laborales, a menos que hubiera desviado dichos recursos a otro fin. De ser así, estaríamos en una situación donde ingresos ordinarios se utilizaron para gastos extraordinarios. Y al no recibirse estos últimos, se provocó un hueco que tiene en jaque a las finanzas públicas.
El problema va más allá de una falta de liquidez como se señala. El Presupuesto de Egresos tiene carácter de ley. Tanto el Gobernador como el Secretario de Finanzas están obligados a ejercerlo en los términos aprobados por los diputados. El no hacerlo es motivo de responsabilidad. Resulta extraño que, ante la gravedad del asunto, el Legislativo no haya llamado a los responsables de la hacienda pública a dar una explicación al respecto.
Es necesario que ejerza su función revisora y cumpla con el Artículo 14, párrafo tercero de la Constitución del Estado que dice: “Los diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados y a las comunidades del Estado en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado y los Ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones”.
La crisis financiera no sólo afecta a quienes han dejado de recibir sus remuneraciones laborales, sino a toda la cadena de actividades económicas que se benefician directa e indirectamente del gasto que ejercen. El costo social es muy alto como para dejar el asunto en manos de un Consejo Consultivo.
En mi opinión, debemos ir más allá y exigir a nuestros representantes legislativos que cumplan con su obligación y den una explicación clara y precisa de lo ocurrido cuanto antes.
