/ lunes 19 de febrero de 2018

Del Centro Jurídico y de Justicia Agraria

Voz Campesina

Desde largo tiempo anterior hemos planteado la idea de acercar al campo -en congruencia con su objetivo primordial, servir al sector- las instalaciones de dependencias relacionadas con este ámbito (del mismo modo que la Secretaría de Fomento Agropecuario labora en el ejido Sinaloa)

A la fecha el Tribunal Unitario Agrario se ubica en el centro de Mexicali, a donde se dificulta el arribo de cualquier campesino, máxime que la competencia del Tribunal se extiende hasta los municipios de Tecate, Baja California; Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles (Sonoyta) del vecino Estado de Sonora.

Las oficinas del Registro Agrario Nacional y las de la Delegación de la Procuraduría Agraria se localizan en distintas –distantes- áreas urbanas. Lo que vuelve complicada aventura citadina el acudir a tales recintos en una sola jornada. Si se trata del desahogo de audiencias de juicios en el Tribunal, al cálculo del holgadamente anticipado tiempo necesario para la -legalmente requerida- puntualidad, deberá sumarse el que se pierde buscando lugar para estacionarse y/o utilizar a ‘güi güi’ el estratégico estacionamiento privado de nada bajo costo.

Además de la idoneidad en los servicios brindados, habría que considerar a favor de nuestra propuesta la reducción del tráfico urbano de vehículos y por ende del índice de factores contaminantes, pues los provenientes de la región de la montaña pueden optar al libramiento carretero “La Rosita”, mientras que del Estado de Sonora se accedería de manera directa. Y también, en algún porcentaje, detonar la economía rural.

El proyecto resulta factible en medida de la afinidad o actitud corresponsable con que lo asumieran los gobiernos federal y del Estado, que más allá de la división de fueros deben ver por el beneficio de la clase campesina. Incluso recientemente el Gobierno de Baja California donó amplio terreno al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), sin negar la recurrente crisis que proclama enfrentar la oficialidad. No es tampoco desdeñable el ahorro en exorbitantes erogaciones que implica la renta de edificios particulares.

La propuesta es digna de altura de miras, según merecen los campesinos y arrojaría -lo aseguramos- excelentes resultados. Quizá valga la pena analizarla en el ya cercano futuro político.

vozcampesina@hotmail.com

Voz Campesina

Desde largo tiempo anterior hemos planteado la idea de acercar al campo -en congruencia con su objetivo primordial, servir al sector- las instalaciones de dependencias relacionadas con este ámbito (del mismo modo que la Secretaría de Fomento Agropecuario labora en el ejido Sinaloa)

A la fecha el Tribunal Unitario Agrario se ubica en el centro de Mexicali, a donde se dificulta el arribo de cualquier campesino, máxime que la competencia del Tribunal se extiende hasta los municipios de Tecate, Baja California; Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles (Sonoyta) del vecino Estado de Sonora.

Las oficinas del Registro Agrario Nacional y las de la Delegación de la Procuraduría Agraria se localizan en distintas –distantes- áreas urbanas. Lo que vuelve complicada aventura citadina el acudir a tales recintos en una sola jornada. Si se trata del desahogo de audiencias de juicios en el Tribunal, al cálculo del holgadamente anticipado tiempo necesario para la -legalmente requerida- puntualidad, deberá sumarse el que se pierde buscando lugar para estacionarse y/o utilizar a ‘güi güi’ el estratégico estacionamiento privado de nada bajo costo.

Además de la idoneidad en los servicios brindados, habría que considerar a favor de nuestra propuesta la reducción del tráfico urbano de vehículos y por ende del índice de factores contaminantes, pues los provenientes de la región de la montaña pueden optar al libramiento carretero “La Rosita”, mientras que del Estado de Sonora se accedería de manera directa. Y también, en algún porcentaje, detonar la economía rural.

El proyecto resulta factible en medida de la afinidad o actitud corresponsable con que lo asumieran los gobiernos federal y del Estado, que más allá de la división de fueros deben ver por el beneficio de la clase campesina. Incluso recientemente el Gobierno de Baja California donó amplio terreno al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), sin negar la recurrente crisis que proclama enfrentar la oficialidad. No es tampoco desdeñable el ahorro en exorbitantes erogaciones que implica la renta de edificios particulares.

La propuesta es digna de altura de miras, según merecen los campesinos y arrojaría -lo aseguramos- excelentes resultados. Quizá valga la pena analizarla en el ya cercano futuro político.

vozcampesina@hotmail.com

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