Prisma
Como es bien sabido, el Instituto Estatal Electoral de Baja California autorizó recientemente el monto de los recursos que podrán gastar en sus campañas los candidatos participantes en el proceso electoral -calificado de “histórico y atípico”- por el número de aspirantes y las condiciones difíciles en que se desarrolla por las afectaciones del temido Covid-19.
Las sumas millonarias de dinero asignadas a los candidatos a la gubernatura del Estado, alcaldías y diputaciones, fueron difundidas por el órgano electoral. Lo que no informó es la forma en que será invertido el recurso, ya que solo se habló de cifras gruesas sin ningún detalle específico.
Recordando que siempre ha sido “un misterio” el manejo del dinero destinado a fines electorales por parte de directivos de partidos políticos, -que los administran a su libre albedrío de manera inequitativa-, muy sano sería conocer su destino, ya que en muchas ocasiones escuchamos señalamientos de malos manejos por parte de candidatos quejándose de no recibir el dinero que realmente les corresponde para sus campañas, causándoles serios problemas económicos. Los malos manejos financieros han llegado a tal grado que durante la anterior dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional se dio el caso de -hay que decirlo- reclamos del personal por falta de pago de sus salarios.
Ante situaciones tan lejanas a una rendición de cuentas efectiva -que debe darse por tratarse de dineros públicos- bienvenida la noticia que nos habla del convenio suscrito entre la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda con el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo una revisión a fondo de los manejos financieros de los partidos políticos participantes en el proceso electoral.
Ojalá que dicha acción se realice a nivel nacional -particularmente en Baja California- y podamos conocer el destino dado al recurso que recibieron partidos y candidatos y, sobre todo, constatar que fueron utilizados en el marco de transparencia, ajenos a corruptelas y manejos indebidos; como ha ocurrido en el pasado.
A propósito, no olvidemos otra obligación de los partidos políticos: Reportar al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de BC sus movimientos financieros, el número de miembros, solo por mencionar dos de los enunciados en la ley respectiva que los considera “sujetos obligados” a informar.
