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El silencio sepulcral que rodea a un tema eminentemente público no se explica.
Sobre el sigilo se ha filtrado el comentario de que el Ejecutivo estatal obtuvo autorización del Congreso para reestructurar o refinanciar deuda pública directa de largo plazo con saldo de $12,526’980,742.81 M.N.
La reestructura se hará respecto a créditos provenientes de la Banca comercial y de desarrollo. Sin embargo, no se sabe la fecha en que se contrajo cada concepto que integra al adeudo, ni la fecha en que el Congreso los aprobó. Ambos datos son necesarios puesto que se trata de un refinanciamiento, no de deuda nueva.
También se aduce que el Congreso autorizó al Ejecutivo a realizar todos aquellos gastos que genere la reestructura o refinanciamiento “sin límite” o tope a este concepto. La suspicacia dice que ahí pueden ir furtivos porcentajes por servicios equivalentes a millones de pesos. ¡Vaya usted a saber!
La Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano técnico del Congreso encargado de fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales y municipales, emitió opinión a la iniciativa de decreto que autoriza este movimiento financiero. Llama la atención que en la exposición de motivos de la presunta opinión de la ASE se diga que el monto a refinanciar es un “estimado” al 31 de enero de 2019.
¿Acaso las finanzas públicas se manejan con un ¡más o menos por ahí va! o el órgano técnico debe ser exacto al emitir los dictámenes?
Dicen los que saben que una deuda pública mal manejada puede traer consecuencias catastróficas no para el gobierno, pues al fin y al cabo quienes lo encarnan son pasajeros. Más bien el efecto devastador es para el pueblo, para los que queremos tener mejor calidad de vida. Por eso el Congreso y el órgano técnico deben sujetarse a reglas constitucionales, legales, técnico-financieras y éticas para controlar la deuda pública.
Lo que el pueblo pide es que se den a conocer en lenguaje ciudadano los límites a la deuda para evitar la contratación excesiva o desfavorable que a la postre conduzca a la suspensión de pagos y a la incapacidad para llevar a cabo proyectos importantes para la sociedad.
Dada la importancia de la autorización emitida por el Congreso, si hubiera un gobierno abierto los involucrados ya estarían rindiendo cuentas públicamente de este entuerto. Pero este tema se ha manejado sin transparencia, en el más absoluto hermetismo, sin explicación razonable, pues si verdaderamente la reestructura o refinanciamiento de la deuda pública es para mejorar las condiciones de los créditos, ¡que se ventile el tema!
