La muerte de 1,600 menores de edad en México por causa del cáncer, es una de las más grandes tragedias de nuestro sistema de salud en toda su historia.
Las muertes de niñas y niños se podían haber evitado si los medicamentos hubieran estado disponibles a tiempo. El cáncer, en sus diversas manifestaciones, es una enfermedad que se puede tratar y curar cuando se da la detección temprana.
La gran transformación de nuestro sistema de salud -para hacerlo uno de los más modernos, eficientes y eficaces del mundo- se dio con la creación del Seguro Popular, una nueva política pública, cuya aspiración principal era lograr la cobertura universal. Los avances en la materia eran innegables, hasta que llegó la Cuarta Transformación.
Es cierto que el Seguro Popular presentaba deficiencias que debían corregirse, pero la arbitraria cancelación del novedoso esquema, bajo la promesa de que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, es tal vez el más grande error de la actual administración. Las y los legisladores advertimos desde el Congreso mexicano que la cancelación del Seguro Popular y la idea de un sistema de compras de medicamentos consolidado y centralizado llevaría a serios problemas financieros y de desabasto de insumos esenciales.
Hoy estamos cada vez más lejos de Dinamarca y cada vez más cerca de ser uno de los peores sistemas del mundo: Tenemos el cuarto lugar mundial de muertes asociadas a la pandemia del Covid-19; han surgido enfermedades que se habían erradicado, las y los enfermos crónicos padecen por falta de medicamentos y a cada minuto mueren personas que podían salvarse.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el retroceso en materia de derecho de acceso a la salud es histórico: La cobertura se redujo de 83.3% en 2015 a 78.5% en 2020. En términos absolutos hablamos de 6.5 millones de personas sin atención, lo cual es criminal. Estos números documentan el brutal fracaso del Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud que la Constitución mandata.
Ante esta problemática que está causando muerte y dolor, hemos hecho todo lo posible, desde el Senado, para hacer que las personas responsables rindan cuentas, pero nos hemos encontrado con evasivas, ocultamiento y demagogia. Si ese trato se ha dado a legisladoras y legisladores de la República, qué respuesta se puede esperar que dé la autoridad a madres y padres de familia.
La acusación de que detrás de las manifestaciones que nacen del dolor y la indignación hay intentos golpistas, es ofensiva y lamentable. He pedido que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie condenando dichas expresiones y que obligue al gobierno a que se garantice inmediatamente el abasto de medicamentos.
Tengo la esperanza de que las crecientes manifestaciones de malestar social obliguen a que el gobierno dé un giro en materia de salud, pero por el momento no vemos señales esperanzadoras y tal vez no haya respuestas satisfactorias en el corto plazo.
++++Tristemente, la escalada de muerte y dolor parece que seguirá, pero en perspectiva, no cabe la menor duda de que la historia juzgará objetivamente a quienes han actuado de forma tan criminal.
