Estrategia$
En agosto de 2008, el empresario Alejandro Martí -en calidad de invitado especial a la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública- retó al presidente Felipe Calderón, a gobernadores y a alcaldes, a que presentaran sus renuncias si no eran capaces de frenar a la delincuencia organizada. Esto después de haber perdido a su hijo a manos de una banda de secuestradores.
Así espetó: “Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción. En nuestro país hay jóvenes que requieren el trabajo de ustedes y estarían gustosos, con todo el entusiasmo de gente limpia y no maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo”.
Aunque esas palabras fueron pronunciadas en torno a la seguridad en nuestro país, son propias de repetir cada vez que una autoridad da muestras de ser ineficaz e ineficiente. Más cuando valiéndose de argucias busca deslindarse de su responsabilidad y echar la culpa a otros.
El delegado estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Baja California aclaró recientemente que los dos puentes que faltan para concluir la nueva garita internacional de Mexicali son compromiso del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, no de la Federación. Agregó que dicho encargo es aplicable a todas las vialidades para llegar al citado puerto, a la vez que puntualizó que esto no sólo es del conocimiento de las autoridades, sino también del sector médico y hotelero.
La declaración anterior pone en entredicho la postura que asumieron el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el presidente municipal Gustavo Sánchez, pues desde la inauguración de las instalaciones del lado mexicano fueron vagos en sus afirmaciones, de tal manera que la ciudadanía percibió que la culpa recaía en la Federación.
El Gobernador señaló que viajaría a la Ciudad de México para continuar gestiones ante las autoridades federales para obtener 280 millones de pesos requeridos para la construcción de un puente y un paso a desnivel. Por su parte, veríamos al Alcalde hacer un reclamo en la vía pública a funcionario del SAT por el desorden vial que imperaba en el primer día de operaciones, con lo que buscó quedar al margen del problema.
La sociedad reaccionó y entre las medidas que impulsa, procedió a crear un “Frente Pro-Garita Centro”, en el cual participan empresarios afectados, asociaciones civiles, representantes del Congreso del Estado, diputados federales y Ayuntamiento, con el propósito de presionar para que la Federación asigne el recurso faltante lo antes posible.
Bien, pues como dice el refrán popular: ¨Más vale tarde que nunca”. No obstante, hay que ser claros y precisos: Tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento son responsables del daño económico que ocasiona a la ciudad la falta de infraestructura necesaria para una buena operación de la garita. Lo menos que puede decirse es que fueron omisos, pues el problema se conocía desde hace más de un año y no hicieron lo conducente para tener una solución a tiempo.
Lo más grave es su intento de engañar. Las declaraciones del delegado de la Segob ponen al descubierto la opacidad y falta de respeto para los ciudadanos.
En un régimen democrático, basado en la Ley y con rendición de cuentas, ya habrían rodado varias cabezas.
