El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mejor conocido como Lula, quien fue presidente de Brasil por 8 años (2003-2010) y actualmente es el precandidato con mayor aprobación para las elecciones presidenciales de este año en Brasil, se encuentra preso desde el 8 de abril.
Para los que no conocen a Lula, éste ha sido el presidente más popular en la historia de Brasil, con los mayores adelantos en redistribución social, favoreciendo a los más pobres del gigante sudamericano, reduciendo ampliamente la cantidad de población en pobreza y en pobreza extrema. Asimismo, elevando la calidad de vida de los brasileiros.
El expresidente fue acusado de corrupción pasiva y condenado a 12 años de prisión. El caso y juicio ha sido encabezado por el juez Sergio Moro. Sin embargo, cada vez más este caso es menos objetivo por los acontecimientos del domingo pasado (8 de julio), así como por el mismo sustento del mismo.
Lula fue acusado de recibir un departamento de la empresa OAS a cambio de contratos con la empresa estatal petrolera “Petrobras”. Sin embargo, el departamento no se pudo asociar directamente con el expresidente, ni se ha podido comprobar este acto de corrupción.
Al respecto, el domingo el juez del Tribunal Regional Federal, Rogerio Favreto, emitió una orden de inmediata liberación de Lula, a raíz de la solicitud de habeascorpus de varios diputados del PT, ya que el juez consideró que se habían vulnerado los derechos políticos del expresidente al no permitírsele ejercer su derecho como precandidato a la Presidencia de aquel país.
Lo que se asomaba como un hecho de justicia, solo era el primer acto de una comedia trágica del sistema política y judicial brasileiro.
Justo cuando varios de los seguidores de Lula ya estaban reuniéndose a fuera de la prisión donde se encuentra el expresidente en Curitiba (al sur de Brasil), el juez Moro se negó aceptar la liberación de Lula. Acto seguido, el juez Favreto dio la instrucción directa a la Policía Federal de la liberación de Lula. Sin embargo, ésta es bloqueada por el juez Gebran Neto.
Vale le pena aclarar que tanto Moro como Gebran Neto tienen vínculos cercanos con los partidos de derecha de Brasil, especialmente con el PSDB, partido de derecha del cual Michel Temer salió, quien actúa como presidente de facto, al orquestar el golpe parlamentario contra la expresidenta Dilma Rousseff, amiga cercana de Lula, quien fuera la sucesora del mismo en la Presidencia de Brasil.
Pero esto no es todo, ese mismo día el juez Favreto emite una tercera orden de liberación inmediata de Lula a la Policía Federal, misma que decide esperar a que el presidente de Tribunal, Carlos Thompson, decida. Posteriormente, éste anula la liberación de Lula definitivamente.
Esta serie de artimañas políticas son un claro indicador de lo que ya se sabía: El encarcelamiento de Lula no es un acto de justicia ni rendición de cuentas: Es una guerra política contra la izquierda en Brasil, disfrazada de institucionalismo, atentando contra los valores intrínsecos de la democracia: La libertad y la pluralidad. Aún así, Lula continúa siendo y por mucho, el candidato con mayor aprobación de Brasil, secundado por el fascista de Bolsonaro, una especie de ‘Bronco’: Misógino, ultraconservador, ignorante y con discurso de odio.
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