DECISIONES
Si en algo se presume coordinación es en materia de seguridad, cosa que desde luego dista mucho de la realidad y hoy más que nunca queda testigo de que esto que presumen las autoridades nomás es para hablarle bonito al oído al ciudadano. Lo ocurrido en Culiacán con la captura del hijo de “Chapo”, OVIDIO GUZMÁN, tuvo más versiones que un hijo adolescente llegando a casa tarde.
Por un lado el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hablaba de un operativo que respondía a una orden de aprehensión y por otro, su secretario de Seguridad, ALFONSO DURAZO, decía que los habían agredido a balazos, por lo que respondieron a la agresión. Hacemos referencia a esto para dar muestra de que la coordinación es más falsa que un billete de 30 pesos. Ni en las altas esferas alguien capaz de poder sentar a los indicados -gabinete de seguridad- para armar una estrategia de comunicación basada por supuesto en los hechos reales, no vaya a ser que nos quieran inventar una novela.
En fin, la liberación del hijo del “Chapo” terminó siendo la moneda de cambio para la preservación de la tranquilidad de la sociedad. Las voces en contra no se hicieron esperar, como el caso de Coparmex nacional, que comanda el mexicalense GUSTAVO DE HOYOS WALTHER, quien expresó que la estrategia de seguridad requiere de “cambios profundos”, pues lo que se ha visto hasta ahora no ha dado muestra de efectividad. “Señor Presidente, vemos muy riesgosas las negociaciones extrajudiciales con grupos delincuenciales, pues alientan chantajes y debilitan el Estado de Derecho”. Por su parte, la senadora del PAN, GINA ANDREA CRUZ, pidió la cabeza de ALFONSO DURAZO por las “decisiones” tomadas en el tema de Culiacán, señalando que no puede con el paquete de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Contrario a esto, un grupo de abogados del “Chapo” salió a agradecer a LÓPEZ OBRADOR por no haber torturado, pero sobre todo por haber entregado a OVIDIO.
A CORRER
Faltan días para que se apague la histórica administración de FRANCISCO VEGA, la cual será recordada por manifestaciones, deudas y por haber entregado el poder a Morena después de 30 años. El nuevo gobierno que encabezará JAIME BONILLA ya está alistando una investigación a fondo para buscar cualquier posible acto de corrupción o robo que se haya concretado en el gobierno de VEGA. Por lo anterior y sumado a la falta de capital, muchos funcionarios han estado queriendo renunciar, algunos ya lo concretaron, como el caso del ex subprocurador FERNANDO RAMÍREZ, quien a 15 días de acabar su responsabilidad decidió tirar la toalla, tal como lo anunciamos en esta columna, pues al ahora ex funcionario le aterraba que no le fueran a dar su liquidación, misma que aún está en veremos, pues como lo dijimos, el actual gobierno está sin dinero y desde luego no creemos que prefiera pagar finiquitos exorbitantes a pagar a maestros y jubilados que han laborado por años. Pero en la política todo es posible.
IMPUGNACIONES
Como era de esperarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió desde ayer los primeros recursos de impugnación contra la reforma que amplía de 2 a 5 años el mandato de JAIME BONILLA VALDEZ al frente del gobierno de Baja California.
Los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron los documentos con los que buscan echar abajo la polémica “Ley Bonilla”. Como presidente del Partido blanquiazul, MARKO CORTÉS MENDOZA, en su acción de inconstitucionalidad señaló al actual Congreso de Baja California y al propio BONILLA de haber mantenido escondido el documento que contenía dicha ley, por lo que fue publicada tres meses después de haber sido votada. El líder panista, acompañado por senadores y diputados, entre ellos ERNESTO RUFFO APPEL y LIZBETH MATA LOZANO, consideró que con la “Ley Bonilla” se está convirtiendo a Baja California en un laboratorio que puede ser replicado por gobernantes de otras entidades, por lo que confió en que la SCJN dará reversa a la gubernatura de 5 años. Por su parte, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, CLEMENTE CASTAÑEDA, entregó el oficio que hace oficial el recurso de inconstitucionalidad y pidió a la SCJN suspender la entrada en vigor de dicha disposición, tal como ocurrió con la Ley de Remuneraciones, es decir, que quede invalidada hasta que sea analizada y resuelta. Por el lado de los perredistas, el presidente del Partido, ÁNGEL ÁVILA ROMERO, pidió a los magistrados no ceder a presiones y resolver de forma responsable la ampliación del mandato.
