/ jueves 9 de julio de 2020

En Voz Baja

NO SALE DE UNA...

De plano el mini gobernador de BC (por 2 años) JAIME BONILLA VALDEZ no sale de una para meterse a otra y como si fuera casi un manifestante se plantó en la caseta de cobro de Playas de Tijuana para anunciar que hará un decreto para que el tramo Tijuana-Playas de Rosarito pase al manejo del Estado, que se encargará de mantener y conservar el mencionado tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.

Y para demostrar que las leyes de BONILLA son las únicas que valen en BC, anunció que a partir de ese momento la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro para evitar actos delictivos y darle seguridad, entregándoles en ese acto la posesión de las mismas. Desde luego que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales no se iban a quedar de brazos cruzados, pues consideran que el mencionado decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo federal por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.

Pero como ayer el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR andaba muy ocupado en su visita a Estados Unidos para charlar con DONALD TRUMP, pues seguro que en estos días lo podrán al tanto de lo que su mini gobernador anda haciendo contra el gobierno federal.

CONCESIONES

No cabe duda que la presente Legislatura ha concedido lo que ha querido al gobernador BONILLA VALDEZ, aunque no todo es exactamente así por el revés que sufrió el mandatario con la llamada “Ley Bonilla II”, con la que esperaba que su sucesor solo ejerciera por 3 años, aunque hay muchos rumores que viene la tercera versión de esta ley. Y bueno, esto lo comentamos debido a que en su sesión del martes la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales abordó la desaparición del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que ahora se conoce como el dictamen 49. Este órgano se encarga de la administración del Poder Judicial del Estado, se encarga de la selección de magistrados, de pagarles sus sueldos, pagar los servicios, el mantenimiento de inmuebles e incluso hasta comprar el papel de baño, es decir, se encarga de las funciones administrativas para que los jueces y magistrados puedan dedicarse a lo suyo, es decir, impartir justicia.

Ahora todo indica que este organismo desaparecerá y los magistrados volverán a las acciones mundanas de administración debido a que los diputados consideraron que el Consejo de la Judicatura resultaba demasiado caro. Esto es lo que parece una clara intromisión del Poder Ejecutivo y el Legislativo en la soberanía del Poder Judicial, que en estos casos solo se queda mirando cómo hacen y deshacen con el.

De paso desaparecen los magistrados supernumerarios, por lo que el Congreso le otorga al gobernador la facultad de enviar una terna para la elección de magistrados que deberán ser elegidos solo por mayoría del Congreso. Y en este punto es cuando llegamos a la conclusión de que para llegar a ser magistrado olvídense de la carrera judicial, solo deberán ser amigos de JAIME BONILLA, o sea, total sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Y si esto no fuera poco y aprovechando la recta, pues ¡de una veeeez! disminuyen el número de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 11 a 5, quedando los ciudadanos en plena desventaja ante los integrantes gubernamentales, que ellos sí suman como 15.

Así las cosas, el próximo 15 de julio se podría definir este asunto.

SIN FIN POLÍTICO

Una vez que la pugna entre el gobernador JAIME BONILLA y la alcaldesa de Tecate, ZULEMA ADAMS, escaló hasta el Senado de la República, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California declaró que no hay intereses políticos en la defensoría, por lo que se está realizando un sesgo de la situación en el municipio de Tecate. MIGUEL ÁNGEL MORA MARRUFO declaró que no existe una estrategia ni coacción, tampoco ha recibido llamada o petición de ninguna autoridad para indagar sobre la situación de ese ayuntamiento, pues la Comisión que encabeza trabaja únicamente para velar por las víctimas de violaciones de derechos humanos.

NO SALE DE UNA...

De plano el mini gobernador de BC (por 2 años) JAIME BONILLA VALDEZ no sale de una para meterse a otra y como si fuera casi un manifestante se plantó en la caseta de cobro de Playas de Tijuana para anunciar que hará un decreto para que el tramo Tijuana-Playas de Rosarito pase al manejo del Estado, que se encargará de mantener y conservar el mencionado tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.

Y para demostrar que las leyes de BONILLA son las únicas que valen en BC, anunció que a partir de ese momento la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro para evitar actos delictivos y darle seguridad, entregándoles en ese acto la posesión de las mismas. Desde luego que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales no se iban a quedar de brazos cruzados, pues consideran que el mencionado decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo federal por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.

Pero como ayer el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR andaba muy ocupado en su visita a Estados Unidos para charlar con DONALD TRUMP, pues seguro que en estos días lo podrán al tanto de lo que su mini gobernador anda haciendo contra el gobierno federal.

CONCESIONES

No cabe duda que la presente Legislatura ha concedido lo que ha querido al gobernador BONILLA VALDEZ, aunque no todo es exactamente así por el revés que sufrió el mandatario con la llamada “Ley Bonilla II”, con la que esperaba que su sucesor solo ejerciera por 3 años, aunque hay muchos rumores que viene la tercera versión de esta ley. Y bueno, esto lo comentamos debido a que en su sesión del martes la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales abordó la desaparición del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que ahora se conoce como el dictamen 49. Este órgano se encarga de la administración del Poder Judicial del Estado, se encarga de la selección de magistrados, de pagarles sus sueldos, pagar los servicios, el mantenimiento de inmuebles e incluso hasta comprar el papel de baño, es decir, se encarga de las funciones administrativas para que los jueces y magistrados puedan dedicarse a lo suyo, es decir, impartir justicia.

Ahora todo indica que este organismo desaparecerá y los magistrados volverán a las acciones mundanas de administración debido a que los diputados consideraron que el Consejo de la Judicatura resultaba demasiado caro. Esto es lo que parece una clara intromisión del Poder Ejecutivo y el Legislativo en la soberanía del Poder Judicial, que en estos casos solo se queda mirando cómo hacen y deshacen con el.

De paso desaparecen los magistrados supernumerarios, por lo que el Congreso le otorga al gobernador la facultad de enviar una terna para la elección de magistrados que deberán ser elegidos solo por mayoría del Congreso. Y en este punto es cuando llegamos a la conclusión de que para llegar a ser magistrado olvídense de la carrera judicial, solo deberán ser amigos de JAIME BONILLA, o sea, total sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Y si esto no fuera poco y aprovechando la recta, pues ¡de una veeeez! disminuyen el número de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 11 a 5, quedando los ciudadanos en plena desventaja ante los integrantes gubernamentales, que ellos sí suman como 15.

Así las cosas, el próximo 15 de julio se podría definir este asunto.

SIN FIN POLÍTICO

Una vez que la pugna entre el gobernador JAIME BONILLA y la alcaldesa de Tecate, ZULEMA ADAMS, escaló hasta el Senado de la República, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California declaró que no hay intereses políticos en la defensoría, por lo que se está realizando un sesgo de la situación en el municipio de Tecate. MIGUEL ÁNGEL MORA MARRUFO declaró que no existe una estrategia ni coacción, tampoco ha recibido llamada o petición de ninguna autoridad para indagar sobre la situación de ese ayuntamiento, pues la Comisión que encabeza trabaja únicamente para velar por las víctimas de violaciones de derechos humanos.

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