/ martes 20 de abril de 2021

En Voz Baja

LÍO EN TECATE

Donde bien se aplica el dicho “pueblo chico infierno grande”, sobre todo cuando eres presidente municipal y te peleas con el gobernador, siendo del mismo partido. Y es que es de todos conocido que la alcaldesa ZULEMA ADAMS PEREYRA tuvo un serio desencuentro con el gobernador JAIME BONILLA VALDEZ por la votación de una ley. Y lo que son las cosas, su propio Partido le impidió ejercer su derecho a reelegirse por la presidencia municipal. Sin embargo, la colocó en el lugar 4 en la lista de diputados federales electos por el principio de la representación proporcional de la primera circunscripción plurinominal. Y es por ello que la alcaldesa ha de haber solicitado separarse de su cargo y colocar en la vacante no a su suplente, lo que sería más natural, sino al regidor independiente ALFONSO CORTÉS RAMÍREZ. La suplente, que según dicen es incondicional de BONILLA, DORA NIDIA RUIZ CHÁVEZ, no se quedó con los brazos cruzados y presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado por violencia de género, pero éste reencauzó el asunto a la Unidad de lo Contencioso del IEE. RUIZ CHÁVEZ había solicitado que se le instalara en el cargo de presidenta municipal en la sesión de ayer a las 3:00 de la tarde, pero ADAMS se le adelantó y solicitó reinstalarse en su cargo a las 12:00 del mediodía y posteriormente nombrar a otra regidora como su suplente.

EXPROPIACIÓN LEGAL

El secretario general de gobierno, AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, defendió el intento de expropiación del Club Campestre de Tijuana, cuyos afectados tienen 15 días hábiles tras la publicación del decreto para acceder al expediente técnico y si no existe una acción legal el 4 de mayo tomarán posesión. En conferencia de prensa destacó que dicho expediente ha estado a disposición de quien así lo quiera analizar, “siempre y cuando tenga el derecho de hacerlo (…) ninguna persona, ni organización ha acudido a la Secretaría General a analizar el expediente para encontrar razones”. Añadió que las 52 hectáreas del Club Campestre estaban a nombre de tres personas, aunque no detalló quiénes y a ellas se les indemnizaría con mil 230 millones de pesos en un periodo de dos años. Sobre las declaraciones de la defensa legal del Club Campestre que acusó un supuesto cambio de partidas registrales a nombre de un funcionario estatal, la directora de Asuntos Jurídicos, OLGA OJEDA, señaló que eso es incorrecto. “Él es un funcionario que solicitó una verificación en el Registro Público y es una facultad del Registro Público a petición de partes cuando se descubre que hay datos que no son congruentes”. Miembros del Club Campestre denunciaron que el gobierno estatal presuntamente cambió partidas registrales en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por lo que iniciaron una acción legal. SOLÍS FARÍAS indicó que no se puede modificar el propietario, pues la Constitución protege a la propiedad privada. “El nombre del propietario lo eliminaron; se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron. Los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles cuando deberían de estar disponibles”. Por su parte, ROBERTO QUIJANO SOSA, vocero del Club Campestre, consideró que la expropiación es una revancha política del gobernador JAIME BONILLA en contra del alcalde con licencia ARTURO GONZÁLEZ CRUZ. La verdad de las cosas es que este asunto suena por demás político y sin sustento, por lo que también creemos que de llegar cualquiera de los siete candidatos o candidatas a la gubernatura, este tema tendría reversa, al igual que el de la UABC que fue beneficiada con el inmueble del Centro de Gobierno de Tijuana. ¿Será acaso que AMADOR RODRÍGUEZ pasará a la historia como el secretario general de gobierno con más desatinos en la administración pública? Una de las cosas por la que más será recordado es por haber perdido el caso de llevar la gubernatura de BC de 2 a 5 años, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de poner orden y de paso exhibir el tema como un acto de inconstitucional, por decir lo menos.

LÍO EN TECATE

Donde bien se aplica el dicho “pueblo chico infierno grande”, sobre todo cuando eres presidente municipal y te peleas con el gobernador, siendo del mismo partido. Y es que es de todos conocido que la alcaldesa ZULEMA ADAMS PEREYRA tuvo un serio desencuentro con el gobernador JAIME BONILLA VALDEZ por la votación de una ley. Y lo que son las cosas, su propio Partido le impidió ejercer su derecho a reelegirse por la presidencia municipal. Sin embargo, la colocó en el lugar 4 en la lista de diputados federales electos por el principio de la representación proporcional de la primera circunscripción plurinominal. Y es por ello que la alcaldesa ha de haber solicitado separarse de su cargo y colocar en la vacante no a su suplente, lo que sería más natural, sino al regidor independiente ALFONSO CORTÉS RAMÍREZ. La suplente, que según dicen es incondicional de BONILLA, DORA NIDIA RUIZ CHÁVEZ, no se quedó con los brazos cruzados y presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado por violencia de género, pero éste reencauzó el asunto a la Unidad de lo Contencioso del IEE. RUIZ CHÁVEZ había solicitado que se le instalara en el cargo de presidenta municipal en la sesión de ayer a las 3:00 de la tarde, pero ADAMS se le adelantó y solicitó reinstalarse en su cargo a las 12:00 del mediodía y posteriormente nombrar a otra regidora como su suplente.

EXPROPIACIÓN LEGAL

El secretario general de gobierno, AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, defendió el intento de expropiación del Club Campestre de Tijuana, cuyos afectados tienen 15 días hábiles tras la publicación del decreto para acceder al expediente técnico y si no existe una acción legal el 4 de mayo tomarán posesión. En conferencia de prensa destacó que dicho expediente ha estado a disposición de quien así lo quiera analizar, “siempre y cuando tenga el derecho de hacerlo (…) ninguna persona, ni organización ha acudido a la Secretaría General a analizar el expediente para encontrar razones”. Añadió que las 52 hectáreas del Club Campestre estaban a nombre de tres personas, aunque no detalló quiénes y a ellas se les indemnizaría con mil 230 millones de pesos en un periodo de dos años. Sobre las declaraciones de la defensa legal del Club Campestre que acusó un supuesto cambio de partidas registrales a nombre de un funcionario estatal, la directora de Asuntos Jurídicos, OLGA OJEDA, señaló que eso es incorrecto. “Él es un funcionario que solicitó una verificación en el Registro Público y es una facultad del Registro Público a petición de partes cuando se descubre que hay datos que no son congruentes”. Miembros del Club Campestre denunciaron que el gobierno estatal presuntamente cambió partidas registrales en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por lo que iniciaron una acción legal. SOLÍS FARÍAS indicó que no se puede modificar el propietario, pues la Constitución protege a la propiedad privada. “El nombre del propietario lo eliminaron; se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron. Los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles cuando deberían de estar disponibles”. Por su parte, ROBERTO QUIJANO SOSA, vocero del Club Campestre, consideró que la expropiación es una revancha política del gobernador JAIME BONILLA en contra del alcalde con licencia ARTURO GONZÁLEZ CRUZ. La verdad de las cosas es que este asunto suena por demás político y sin sustento, por lo que también creemos que de llegar cualquiera de los siete candidatos o candidatas a la gubernatura, este tema tendría reversa, al igual que el de la UABC que fue beneficiada con el inmueble del Centro de Gobierno de Tijuana. ¿Será acaso que AMADOR RODRÍGUEZ pasará a la historia como el secretario general de gobierno con más desatinos en la administración pública? Una de las cosas por la que más será recordado es por haber perdido el caso de llevar la gubernatura de BC de 2 a 5 años, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de poner orden y de paso exhibir el tema como un acto de inconstitucional, por decir lo menos.

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