/ domingo 30 de mayo de 2021

En Voz Baja

A 7 DÍAS

El próximo domingo 6 de junio se realizará la jornada electoral más grande en la historia de Baja California, en la que los ciudadanos con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) elegiremos a un gobernador del estado, 5 alcaldes con sus respectivos munícipes, además de 17 diputados locales por el principio de mayoría relativa y 8 más por la representación proporcional y de 8 legisladores federales. Aunque diversas encuestas dan por ganador a diferentes candidatos, la última palabra la tienen los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que una vez que se encuentren solos en la mampara, frente a la boleta, serán ellos y sólo ellos quienes tengan la última palabra sobre quienes quieren que los represente, en el gobierno del estado, en el municipio, en el Congreso local y en la Cámara de Diputados federal. Miles de ciudadanos se encargarán de contar los votos y entregar los paquetes electorales a cada una de las sedes distritales locales y federales, con lo que comenzará a funcionar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El miércoles 9 de junio iniciarán los conteos oficiales en las sedes distritales, de donde saldrán los resultados finales que definirán a los ganadores. Así es que los candidatos tienen hasta el próximo miércoles 2 de junio para convencer a los ciudadanos para que les otorguen su voto; el tiempo se les acaba y hay quienes esperan un milagro.

LO PREVIO

Mientras tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS, expuso que el gobierno de Baja California ha incurrido en ilegalidades durante el proceso electoral local. GÓMEZ MACÍAS, el ex diputado que denunció un intento de chantaje para alargar el periodo del mini gobernador JAIME BONILLA VALDEZ de dos a cinco años y luego votó a favor, señaló que la entrega de despensas, luego de la aplicación de la vacuna contra el Covid19 es una de las ilegalidades. Dijo que en lo que va de la campaña el PES ha interpuesto al menos 30 denuncias ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral, pero las autoridades no han actuado para indagar las ilegalidades en las que ha incurrido el gobierno estatal, por lo que hizo un llamado a la autoridad electoral para que investigue y que haya piso parejo en la elección local que está por concluir. Luego exhortó a los bajacalifornianos para que este 6 de junio voten por el candidato del PES, JORGE HANK RHON, quien encabezará un gobierno que dará prioridad a hombres y mujeres que buscan el progreso; pues no será una administración de negocios personales como la actual.

MÁS MEZCLA

Aunque BONILLA VALDEZ ha buscado meterlo a la cárcel, incluso por medio de reformas al Código Penal, nomás no ha podido, manifestó el líder moral de una empresa que se ostentan como defensora de propietarios de vehículo “chocolate” y anunció que van por la desaparición del Instituto de Movilidad Sustentable del estado (IMOS). Debido a una reforma al Código Penal del Estado, en el que se adiciona el Artículo 250 Quáter, la Fiscalía General del Estado emprendió una serie de acciones en contra de esa empresa, en la que cerró varias de sus oficinas en Mexicali, Tijuana y Ensenada e incluso buscaban aprehender a su líder. Este personaje señaló que está amparado, pero se encuentra por abrir sus oficinas en Mexicali, Tijuana y Ensenada, ya que la Fiscalía las tiene como si ahí se hubiera cometido algún asesinato, mientras que las de Tecate y Playas de Rosarito siguen abiertas. Mencionó que la reforma al Código Penal del Estado, al Artículo 250 Quarter, en el que se criminaliza a organizaciones como esa, así como el IMOS, se van a caer, ya que han presentado un recurso legal en contra de la reforma y el instituto creados por BONILLA VALDEZ. Sobre el IMOS dijo que no tiene razón de ser, ya que busca establecer un padrón vehicular, sin contar con atribuciones para su regularización. “Pronto van a oír noticias de que vamos a abrir las oficinas, vamos a tumbar el 250 y vamos a tumbar a su instituto, no me van a meter al bote, no me pueden hacer nada, yo ya no soy presidente, tenemos otro presidente nacional y yo soy líder moral”, sentenció el mismo personaje que estuvo en prisión en la ciudad chihuahuense que hiciera famosa el divo JUAN GABRIEL, con su grito “¡Arriba Juárez!”. El Artículo 250 quáter establece que “Comete el delito en contra del servicio de control vehicular, la persona que sin contar con la autorización de la autoridad pública competente, promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias, engomados, láminas o cartones de identificación vehicular, con la promesa o convicción para quien los recibe, que con ellos podrá circular un vehículo de motor que no cuente con documentos que acrediten su estancia y circulación legal en el territorio del Estado. Este delito se perseguirá de oficio. AI responsable de las conductas previstas en este artículo se le aplicará de 3 a 9 años de prisión y multa de quinientas a dos mil veces el equivalente a la Unidad de Medida de Actualización. Si este delito es cometido al amparo de empresas, organizaciones o personas morales, las mismas serán penalmente responsables conforme al procedimiento para personas jurídicas previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

A 7 DÍAS

El próximo domingo 6 de junio se realizará la jornada electoral más grande en la historia de Baja California, en la que los ciudadanos con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) elegiremos a un gobernador del estado, 5 alcaldes con sus respectivos munícipes, además de 17 diputados locales por el principio de mayoría relativa y 8 más por la representación proporcional y de 8 legisladores federales. Aunque diversas encuestas dan por ganador a diferentes candidatos, la última palabra la tienen los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que una vez que se encuentren solos en la mampara, frente a la boleta, serán ellos y sólo ellos quienes tengan la última palabra sobre quienes quieren que los represente, en el gobierno del estado, en el municipio, en el Congreso local y en la Cámara de Diputados federal. Miles de ciudadanos se encargarán de contar los votos y entregar los paquetes electorales a cada una de las sedes distritales locales y federales, con lo que comenzará a funcionar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El miércoles 9 de junio iniciarán los conteos oficiales en las sedes distritales, de donde saldrán los resultados finales que definirán a los ganadores. Así es que los candidatos tienen hasta el próximo miércoles 2 de junio para convencer a los ciudadanos para que les otorguen su voto; el tiempo se les acaba y hay quienes esperan un milagro.

LO PREVIO

Mientras tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS, expuso que el gobierno de Baja California ha incurrido en ilegalidades durante el proceso electoral local. GÓMEZ MACÍAS, el ex diputado que denunció un intento de chantaje para alargar el periodo del mini gobernador JAIME BONILLA VALDEZ de dos a cinco años y luego votó a favor, señaló que la entrega de despensas, luego de la aplicación de la vacuna contra el Covid19 es una de las ilegalidades. Dijo que en lo que va de la campaña el PES ha interpuesto al menos 30 denuncias ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral, pero las autoridades no han actuado para indagar las ilegalidades en las que ha incurrido el gobierno estatal, por lo que hizo un llamado a la autoridad electoral para que investigue y que haya piso parejo en la elección local que está por concluir. Luego exhortó a los bajacalifornianos para que este 6 de junio voten por el candidato del PES, JORGE HANK RHON, quien encabezará un gobierno que dará prioridad a hombres y mujeres que buscan el progreso; pues no será una administración de negocios personales como la actual.

MÁS MEZCLA

Aunque BONILLA VALDEZ ha buscado meterlo a la cárcel, incluso por medio de reformas al Código Penal, nomás no ha podido, manifestó el líder moral de una empresa que se ostentan como defensora de propietarios de vehículo “chocolate” y anunció que van por la desaparición del Instituto de Movilidad Sustentable del estado (IMOS). Debido a una reforma al Código Penal del Estado, en el que se adiciona el Artículo 250 Quáter, la Fiscalía General del Estado emprendió una serie de acciones en contra de esa empresa, en la que cerró varias de sus oficinas en Mexicali, Tijuana y Ensenada e incluso buscaban aprehender a su líder. Este personaje señaló que está amparado, pero se encuentra por abrir sus oficinas en Mexicali, Tijuana y Ensenada, ya que la Fiscalía las tiene como si ahí se hubiera cometido algún asesinato, mientras que las de Tecate y Playas de Rosarito siguen abiertas. Mencionó que la reforma al Código Penal del Estado, al Artículo 250 Quarter, en el que se criminaliza a organizaciones como esa, así como el IMOS, se van a caer, ya que han presentado un recurso legal en contra de la reforma y el instituto creados por BONILLA VALDEZ. Sobre el IMOS dijo que no tiene razón de ser, ya que busca establecer un padrón vehicular, sin contar con atribuciones para su regularización. “Pronto van a oír noticias de que vamos a abrir las oficinas, vamos a tumbar el 250 y vamos a tumbar a su instituto, no me van a meter al bote, no me pueden hacer nada, yo ya no soy presidente, tenemos otro presidente nacional y yo soy líder moral”, sentenció el mismo personaje que estuvo en prisión en la ciudad chihuahuense que hiciera famosa el divo JUAN GABRIEL, con su grito “¡Arriba Juárez!”. El Artículo 250 quáter establece que “Comete el delito en contra del servicio de control vehicular, la persona que sin contar con la autorización de la autoridad pública competente, promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias, engomados, láminas o cartones de identificación vehicular, con la promesa o convicción para quien los recibe, que con ellos podrá circular un vehículo de motor que no cuente con documentos que acrediten su estancia y circulación legal en el territorio del Estado. Este delito se perseguirá de oficio. AI responsable de las conductas previstas en este artículo se le aplicará de 3 a 9 años de prisión y multa de quinientas a dos mil veces el equivalente a la Unidad de Medida de Actualización. Si este delito es cometido al amparo de empresas, organizaciones o personas morales, las mismas serán penalmente responsables conforme al procedimiento para personas jurídicas previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

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