Estrategia$
Hace unos días dejaron en el buzón de mi casa, junto con el recibo del agua de la CESPM, un volante cuyo encabezado dice “En BC las cuentas claras”.
Su contenido versa sobre las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en relación a la entrega de recursos públicos a Estados, Municipios y otras Instituciones.
Supongo que esta publicación la realizó el Gobierno del Estado, pues no se indica quién es el responsable de ésta.
En el impreso se destaca que, “En base a las revisiones de los ejercicios fiscales 2012 al 2017, Baja California está en el lugar 9 nacional en cuanto a montos observados por debajo de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Chiapas”.
Y también que, “en lo que va de esta administración estatal, todas las observaciones se atienden; en el caso de la cuenta pública 2016, ya se entregó información casi al 100 por ciento para solventar dudas”.
Y define que “será la ASF quien determine si son suficientes las aclaraciones entregadas o si requiere mayor información”.
En base a lo anterior resalta: “TEN CONFIANZA EN TU GOBIERNO” para después agregar “… no hay desvío de recursos… que no te confundan”.
Y finaliza con un “Se cumple de manera puntual y precisa con la transparencia porque en Baja California las cuentas son claras”.
Bonita frase, pero la verdad es que esta administración destaca por lo contrario. Son múltiples las acusaciones que versan en torno a su falta de transparencia, uso indebido de recursos públicos y en general, por corrupción. Imputaciones que no sólo surgen en el ámbito local, sino internacional.
El alcalde de Imperial Beach en el vecino estado de California, Serge Dedina, puso el dedo en la llaga el mes pasado al declarar a un medio nacional: “Lo que estamos viendo es el símbolo de corrupción masiva en Baja California. La corrupción se ve en la contaminación del agua”.
Por su parte, el senador electo Jaime Bonilla Valdez (quien fungirá como Coordinador de Programas de Desarrollo de la Federación en el Estado en el próximo gobierno), acusó también al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid de corrupción, al no poder comprobar ante la ASF el uso de 20 mil millones de pesos.
Y ni que agregar sobre los señalamientos en torno a los contratos de las Asociaciones Público-Privadas que fueron entregados a empresarios “cómplices”. Según medios nacionales, este asunto “apenas empieza y pinta de escándalo espectacular”.
Mientras son peras o son manzanas, las observaciones de la ASF confirman dos cosas. Primero, que el manejo de los recursos federales por parte del Estado se ha hecho de manera irregular y persistentemente.
Segundo, que la máxima autoridad estatal ya incurrió en responsabilidad (corrupción) al sostener a funcionarios que han demostrado ser ineficaces e ineficientes, por decir lo menos.
Así, el comunicado lejos de despejar dudas y contribuir a mejorar la confianza en el gobierno estatal, las deteriora. Representa una muestra más de despilfarro y mecanismos para engañar a la ciudadanía.
Así las cosas, la interrogante que se hacen muchos es ¿quién pondrá a “Kiko” y principales funcionarios corresponsables a disposición de la justicia ¿Será la administración de Peña Nieto o la de AMLO? Es tiempo de hacer apuestas.
