¿Estímulo fiscal a los combustibles?
Hace una semana, el presidente Enrique Peña Nieto defendió los logros obtenidos a lo largo de su gestión. Y aunque reconoció que falta mucho por hacer, hizo énfasis en el legado que representan las reformas estructurales, particularmente la energética.
Si bien es cierto que la economía nacional ha registrado un crecimiento sostenido, también lo es que dicha expansión está muy por debajo de lo que prometió al inicio de su gestión o del potencial que el país tiene. Y no está por demás señalar que entre las múltiples razones detrás de este comportamiento, están precisamente las decisiones que se tomaron en torno al tema de los combustibles.
La política de liberación de precios, en especial el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a partir de 2017, tuvo efectos adversos sobre el ritmo de expansión económica y la inflación. Efectos que aún se padecen y lo harán hasta el próximo año, al menos. De esta forma, el manejo de los estímulos fiscales se ha enfocado a compensar en parte una estrategia fallida desde una perspectiva política, económica y social.
No se puede negar que la depreciación de nuestra moneda con relación al dólar, aunado al incremento de los precios internacionales del petróleo, ha tenido un efecto sustancial sobre las cotizaciones de los combustibles que el país importa (alrededor del 75% de las gasolinas). Resultado que se ha trasladado a los precios de los combustibles al público, tal y como se previó con la reforma energética.
En este contexto, el litro de gasolina Magna pasó de 16.28 pesos al cierre de 2017 a 17.89 pesos actualmente, es decir, un aumento de 9.9%. La gasolina Premium se modificó de 18.07 pesos por litro a 19.40 pesos en el mismo lapso, un aumento de 7.3% y el diesel subió de 17.34 pesos por litro a 18.97 pesos, un alza de 9.4%. El panorama es que los precios del crudo sigan al alza el resto del año hasta alcanzar una cotización de 90 dólares por barril, aunque hay quienes piensan que puede acercarse a los 100 dólares.
Cabe destacar que en 2017 el precio promedio de la OPEP fue de 52.50 dólares por barril. Por su parte, la cotización del peso seguirá presentando alta volatilidad mientras no se cierren las negociaciones en torno al TLCAN, concluya el proceso electoral sin mayores incidentes y el Banco Central mantenga las medidas conducentes para contener el alza generalizada de los precios.
Lo anterior hace prever que las presiones para aumentar el precio de los combustibles continuarán, motivo por el cual es probable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga que elevar los estímulos fiscales para evitar una subida abrupta de los precios. Más, cuando cualquier gobierno se cuida de no contribuir al descontento social durante un periodo electoral.
Actualmente, de los 4.59 pesos que el gobierno tiene autorizado cobrar por concepto de IEPS en el litro de gasolina Magna, sólo aplica 1.37 pesos, lo que representa un “subsidio” equivalente al 70.2%. En el litro de Premium, cuyo monto asciende a 3.88 pesos por litro, disminuye al 52.5%, mientras en el litro de diesel los 5.04 pesos de gravamen se compensa con el 66.0%.
En 2017, el estímulo fiscal que otorgó la SHCP para suavizar los precios de la gasolina y el diesel representó cerca de 69 mil millones de pesos. La Ley de Ingresos de la Federación previó 284.4 mil millones de pesos de recaudación por concepto IEPS y obtuvo únicamente 216.5 mil millones, monto 24% inferior a lo aprobado.
En el primer trimestre de este año, la SHCP dejó de captar 9.3 mil millones de pesos por concepto de IEPS y seguramente el monto se disparará en el segundo trimestre, al aumentar el porcentaje de estímulo que viene proporcionando. En términos de ingresos presupuestados, la “pérdida” que representa el estímulo a los combustibles quedará cubierta en exceso por los ingresos adicionales que se obtendrán por las exportaciones de petróleo.
En mi opinión, la política impositiva en combustibles se asemeja a lo que hacen algunos malos comerciantes cuando hacen campañas de promoción. Días antes suben los precios, digamos un 30%, para después anunciar que aplican descuentos de 10, 20, 30 y hasta 50%. Al final del día, sus “ofertas” se ven compensadas por la combinación de los productos que colocan, de tal manera que no aplican rebaja alguna o resulta mínima.
La SHCP habla de estímulos fiscales -a los que después califica como subsidios- que se hacen sobre una base inflada que no debería existir. Sobre todo si los presupuestos se hicieran de manera responsable y precisa. Abusa de los contribuyentes cautivos, aquellos que no tenemos más alternativa que consumir el energético. Con ello adopta posturas propias de gobiernos populistas que continuamente se esfuerzan por parecer que sus acciones son benéficas, cuando en realidad constituyen engaños.
Debemos exigir que esta práctica termine con una revisión a fondo de la política impositiva en materia de combustibles. Asimismo, que todo impuesto que se pague esté debidamente detallado en las notas o facturas de venta que se expiden.
