Yolanda de la Torre V.
El litio es un mineral que como nación y en calidad de alternativa de desarrollo, nos plantea tanto oportunidades como importantes reflexiones, ya que no es necesariamente la panacea que se quiere plantear.
El Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de cambios a la Ley Minera, donde entre otras cosas se plantea la nacionalización del litio, como una especie de “Plan B” tras no haber conseguido que se aprobara en el Legislativo la reforma eléctrica. Tan solo en el planteamiento inicial hay una serie de imprecisiones respecto a este mineral, al que muchos consideran “oro blanco”, tanto por su relación legal con nuestro país como por su naturaleza profunda y verdadera utilidad.
Por una parte se habla de nacionalizarlo, cuando en los hechos ha estado nacionalizado desde 1917, cuando se planteó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que todo aquello que se ubique en el subsuelo pertenece al Estado, por lo que las empresas que han llegado a trabajar en la exploración para sustraer el litio del subsuelo lo tienen que hacer con concesiones otorgadas por el Gobierno.
Por otra parte, se le hace ver a este mineral como un energético y en realidad no lo es. Lo que sí resulta es un magnífico conductor de la electricidad, razón por la que se le está utilizando como elemento principal de las baterías que hoy se utilizan para dispositivos de alta tecnología, como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas y muchos más, como los cada vez más utilizados “smartwatch”. Además se incluyen las baterías para los vehículos eléctricos, que cada vez tienen una mayor autonomía.
En cuanto a nacionalizar el litio, no es algo que en sí represente un problema por ya ser propiedad de la nación. Donde sí se tendría una fuente de conflicto es en la estatización de la cadena de producción, algo que incrementa el conflicto que implica el hecho de que no se tiene una idea aproximada de cuánto litio tenemos en realidad.
En todo esto hay que añadir el plan que se tiene de crear una empresa estatal que se encargue de los procesos relacionados con el litio, algo que por una parte implica la generación de mayor burocracia y no da garantías para esquema de producción alguno. Baste recordar el sexenio de José López Portillo, cuando para el uranio se creó “Uramex”, una firma del Estado Mexicano, que jamás produjo porción alguna del elemento radiactivo.
Es vital buscar esquemas para agilizar la explotación del litio y obtener el mayor provecho en los años inmediatos por venir, siendo tal la única forma en que México obtenga un provecho contundente, como hasta ahora solo lo han hecho naciones como Australia, Chile y China.
