/ lunes 29 de enero de 2018

Festejos paralelos

Voz Campesina

El 27 de enero pudimos darnos cuenta de la celebración de dos festejos: El digamos oficial y otro realizado por un grupo campesino-ciudadano. Lamentablemente pues, el diálogo no se privilegia para establecer -antes que nada- las condiciones reales del motivo de protestar contra la instalación de una empresa cervecera y ponerlas a conocimiento general de la sociedad. Es decir, el soporte técnico emanado de estudios científicos que nos deje saber la verdad de la supuesta futura sequía.

Sin estar de acuerdo en detenciones de activistas, tampoco aprobamos la incertidumbre generada respecto al grave futuro que quienes se oponen al proyecto y/o inversión –aseguran- viviremos.

Pareciéndome absurdo el ‘ejercicio puntual’ de tales arrestos, así sean sólo administrativos, mientras la delincuencia azota inclemente aprovechando la laxitud del ‘nuevo sistema penal’, obtiene su libertad con mayor rapidez del tiempo consumido durante el proceso de atraparlos (perdóneseme, pero considero que esto fomenta tanto la actividad delictiva como la impunidad).

Hablando de cuestiones jurídicas relativas, no hemos sabido de algún ‘líder’ campesino, legislador de indistinto fuero etc., etc., referirse siquiera al tema de la Justicia Agraria (ni aun en discursos del “Día del Asalto a las Tierras”). Todo indica importarles muy poco la anquilosada reglamentación de la Ley Agraria e inclusive las difíciles circunstancias presupuestales, de falta de personal, instalaciones idóneas, etc. etc., que debe enfrentar -citando un inexplicable ejemplo- el Tribunal Agrario Distrito 2, sede Mexicali, capital de Baja California, cuya competencia abarca extensa zona del Estado de Sonora, donde esforzados funcionarios se empeñan al cumplir sus responsabilidades (desde varios meses atrás no ejerce el magistrado titular, lo que implica suplencias que impactan en la expeditez del trámite de los juicios).

La ilusoria idea propuesta aquí de crear el Centro de Justicia Agraria, acercándola al sector rural, no ha sido evaluada y mucho menos asumida con seriedad, lo que obliga al campesinado a trasladarse al centro de la urbe cachanilla a cada audiencia. La Procuraduría y el Registro Agrario(s) también distantes del campo y entre ambos aumentan dicha complicación.

En anteriores columnas se ha detallado la viable posibilidad de -apelando a la coordinación de Gobiernos federal y estatal- llevar estos servicios al ejido Sinaloa (puerta de acceso del valle y el Estado vecino). Sugerimos respetuosamente optar al diálogo sobre el asunto del agua y de pasadita analizar nuestro planteamiento de –estimamos- innegable beneficio a la clase campesina.


Voz Campesina

El 27 de enero pudimos darnos cuenta de la celebración de dos festejos: El digamos oficial y otro realizado por un grupo campesino-ciudadano. Lamentablemente pues, el diálogo no se privilegia para establecer -antes que nada- las condiciones reales del motivo de protestar contra la instalación de una empresa cervecera y ponerlas a conocimiento general de la sociedad. Es decir, el soporte técnico emanado de estudios científicos que nos deje saber la verdad de la supuesta futura sequía.

Sin estar de acuerdo en detenciones de activistas, tampoco aprobamos la incertidumbre generada respecto al grave futuro que quienes se oponen al proyecto y/o inversión –aseguran- viviremos.

Pareciéndome absurdo el ‘ejercicio puntual’ de tales arrestos, así sean sólo administrativos, mientras la delincuencia azota inclemente aprovechando la laxitud del ‘nuevo sistema penal’, obtiene su libertad con mayor rapidez del tiempo consumido durante el proceso de atraparlos (perdóneseme, pero considero que esto fomenta tanto la actividad delictiva como la impunidad).

Hablando de cuestiones jurídicas relativas, no hemos sabido de algún ‘líder’ campesino, legislador de indistinto fuero etc., etc., referirse siquiera al tema de la Justicia Agraria (ni aun en discursos del “Día del Asalto a las Tierras”). Todo indica importarles muy poco la anquilosada reglamentación de la Ley Agraria e inclusive las difíciles circunstancias presupuestales, de falta de personal, instalaciones idóneas, etc. etc., que debe enfrentar -citando un inexplicable ejemplo- el Tribunal Agrario Distrito 2, sede Mexicali, capital de Baja California, cuya competencia abarca extensa zona del Estado de Sonora, donde esforzados funcionarios se empeñan al cumplir sus responsabilidades (desde varios meses atrás no ejerce el magistrado titular, lo que implica suplencias que impactan en la expeditez del trámite de los juicios).

La ilusoria idea propuesta aquí de crear el Centro de Justicia Agraria, acercándola al sector rural, no ha sido evaluada y mucho menos asumida con seriedad, lo que obliga al campesinado a trasladarse al centro de la urbe cachanilla a cada audiencia. La Procuraduría y el Registro Agrario(s) también distantes del campo y entre ambos aumentan dicha complicación.

En anteriores columnas se ha detallado la viable posibilidad de -apelando a la coordinación de Gobiernos federal y estatal- llevar estos servicios al ejido Sinaloa (puerta de acceso del valle y el Estado vecino). Sugerimos respetuosamente optar al diálogo sobre el asunto del agua y de pasadita analizar nuestro planteamiento de –estimamos- innegable beneficio a la clase campesina.


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