El pasado 3 de febrero se conmemoró la firma del Tratado de Aguas de 1944 entre México y los Estados Unidos de América. La celebración se dio bajo un marco de estrés hídrico sin precedentes.
En su visita a Baja California, el embajador Ken Salazar destacó que la sequía es un problema binacional grave para nuestras naciones, por lo que debe ser una alta prioridad. La sequía es ya un problema de seguridad nacional: Pone en riesgo recursos, afecta el pleno ejercicio del derecho constitucional al agua y puede ser foco de conflictos y confrontaciones.
El estrés hídrico se da cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible. Hoy día las presas y lagos se encuentran en niveles históricamente bajos, lo que puede resultar en una década con escasez de agua, que nos urge a realizar esfuerzos estratégicos para establecer mecanismos de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno en ambos países. La preocupante disminución en los niveles del Río Colorado, que por siglos ha contribuido con ingentes cantidades de líquido vital, nos enfrenta a una inminente sequía ante la cual las acciones gubernamentales serán poco eficaces mientras no se generalice una cultura del cuidado y aprovechamiento del agua.
La desalinización del agua de mar implica altos costos y fuertes inversiones en tecnología, lo que nos ubica, en el corto plazo, ante la necesidad de tomar acciones urgentes. La inversión en infraestructura hídrica sustentable no puede prolongarse más, junto con la protección ante potenciales eventos extremos. Esto requiere un esfuerzo público y privado inédito para realizar actividades de planificación orientadas a la gestión integrada de recursos hídricos con costos asociados a quienes contaminen los mantos acuíferos.
Es imperativo hoy captar de mejor forma las aguas residuales, controlar eficazmente las descargas de aguas industriales bajo estándares de calidad, ampliar las redes de agua potable, rehabilitar plantas potabilizadoras y desarrollar plantas de tratamiento para preservar un líquido vital para la vida, la prosperidad y el desarrollo del Estado.
Tanto la Constitución federal como la Constitución del Estado establecen el derecho al agua para consumo personal y doméstico. Nuestra Constitución manda que la ley garantizará su distribución y saneamiento, mandato imperativo que implica que nuestras autoridades deben realizar ya esfuerzos históricos de coordinación y asignación de recursos para hacer frente al estrés hídrico.
El futuro de nuestro Estado dependerá de las acciones que se realicen hoy. Una nueva cultura del agua vinculada a esfuerzos históricos en infraestructura es nuestra única alternativa. Si no actuamos a tiempo, nosotros y nuestros hijos pagarán el costo de nuestra inacción y de nuestra ineficacia para atender un problema urgente y una crisis inminente.
