A escasos días de que se cumplan tres semanas desde que AMLO inició el combate contra el huachicoleo en Pemex, los mexicanos seguimos polarizados respecto a si la estrategia utilizada fue la más adecuada o no.
En principio, nadie en su sano juicio puede rechazar se actúe en contra del robo de combustibles, mismo que alcanzó la escandalosa cifra de 60 mil millones de pesos anuales. No obstante, los efectos que trajo consigo dicho combate ha dado lugar a una serie de posturas para denostar al gobierno en turno. En lo personal, aplaudo la voluntad del Presidente para enfrentarse a quienes se han beneficiado por años del saqueo sistemático de Pemex.
Lo mismo en contra de líderes sindicales, delincuencia organizada que empresarios que completaban un círculo perfecto de corrupción e impunidad. Pero no debemos estar satisfechos. El gobierno debe ir más allá y utilizar esta oportunidad para dejar claro, una vez por todas, que su voluntad no sólo estriba en frenar este tipo de violaciones, sino que está dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para que haya castigo ejemplar a los responsables. Hasta ahora, el Ejecutivo ha señalado que existen investigaciones en curso, en particular contra el general brigadier Eduardo León Trauwitz, encargado de la seguridad en Pemex. Sin embargo, no ha dado detalles sobre detenciones, procesos judiciales, decomisos o acciones en contra de funcionarios de alto nivel, del sindicato o empresarios involucrados. Y esto no puede quedar así.
El peso de la Ley tiene que aplicarse con todo rigor, caiga quien caiga. El desabasto de combustibles en algunas entidades preocupa a muchos. No sólo por los inconvenientes que ocasiona, sino por los efectos que puede traer en el corto y mediano plazos sobre la economía. A este respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó las medidas adoptadas destacando que tendrá efectos positivos sobre las finanzas públicas y de Pemex. El director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, opinó que en la medida que se normalice el abasto no prevén riesgos inflacionarios ni a la actividad económica trimestral o del año. Añadió que por tratarse de un tema de corrupción, de Estado de Derecho, puede generar incentivos para la inversión tanto pública como privada. Coincido con el funcionario, aunque no se puede descartar que habrá costos y pérdidas que tendrán que cubrirse. Estimo que si normalizar la situación nos llevará tres meses, ello podría significar un costo para la economía equivalente de 20 a 30 mil millones de pesos, es decir, la tercera parte o la mitad de la pérdida actual que sufre Pemex anualmente.
Como país, el resultado neto sería más que favorable, aunque el impacto sería mayor en algunas entidades. En este contexto, creo que el sacrificio bien vale la pena si el resultado final se traduce en disminuir a su mínima expresión el huachicoleo imperante. Y lo más importante, con las debidas sanciones a los responsables, que sirva de ejemplo de lo que habrá de hacerse en adelante para revertir el deplorable estado de corrupción e impunidad que reina en el país.
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