/ lunes 15 de febrero de 2021

¿Ilegal entrega de plazas?

PRISMA

Enorme escándalo provocó el comportamiento protagónico -con fines totalmente electorales - del dirigente de la burocracia estatal, Manuel Guerrero Luna al exigir al Ayuntamiento Mexicali la entrega de casi 300 plazas de base de manera ilegal y violenta.

Como es bien sabido, el pseudo líder -que sueña con ser diputado local- se dio el lujo de amenazar con castigos y sanciones a quienes se negaran a participar en el “paro loco” que paralizó las actividades del Ayuntamiento de Mexicali en perjuicio de miles de ciudadanos.

Obvio es suponer que dicha acción fue duramente criticada por sus propios compañeros, al grado que algunos la calificaron de oportunista, considerando los tiempos electorales que estamos viviendo y sus ambiciones políticas. Algunos de ellos mostraron su molestia por el hecho que, quien de buena fe eligieron para que los protegiera en un acto de desesperación, anteponga sus intereses políticos personales a los de sus representados.

Ahora bien, si es no legal la exigencia de entregar plazas de base por la vía de herencia a familiares de trabajadores fallecidos o jubilados, destacados abogados mexicalenses consultados consideran que no existe fundamento legal alguno para atender la solicitud planteada por Guerrero Luna.

Pese a ello, lo más grave de la cuestión es que sin importarle el impacto negativo que causaría el otorgamiento de nuevas plazas en las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali, -que destina el 80 por ciento de su presupuesto al pago de nóminas- y los serios problemas a la administración municipal y la población, amenaza con seguir promoviendo paros locos, -toma del Palacio Municipal- como medida de presión para lograr sus propósitos.

En cuanto a la legalidad de la controvertida exigencia sindical, Alberto Sánchez Luján, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, declaró a nuestro diario: “Actualmente, la petición del sindicato no viene fundamentado ni en la Ley del Servicio Civil ni el Reglamento de Escalafón, ni en las condiciones generales de trabajo”.

Así las cosas, ante el violento proceder de Guerrero Luna, que pareciera intenta utilizar a su gremio como carne de cañón en un guerra cuyo triunfo únicamente favorecería sus ambiciones políticas, ¿quién podrá convencerlo de la ilegalidad de su petición, como la calificó el abogado Sánchez Luján?

salgares4@gmail.com


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Enorme escándalo provocó el comportamiento protagónico -con fines totalmente electorales - del dirigente de la burocracia estatal, Manuel Guerrero Luna al exigir al Ayuntamiento Mexicali la entrega de casi 300 plazas de base de manera ilegal y violenta.

Como es bien sabido, el pseudo líder -que sueña con ser diputado local- se dio el lujo de amenazar con castigos y sanciones a quienes se negaran a participar en el “paro loco” que paralizó las actividades del Ayuntamiento de Mexicali en perjuicio de miles de ciudadanos.

Obvio es suponer que dicha acción fue duramente criticada por sus propios compañeros, al grado que algunos la calificaron de oportunista, considerando los tiempos electorales que estamos viviendo y sus ambiciones políticas. Algunos de ellos mostraron su molestia por el hecho que, quien de buena fe eligieron para que los protegiera en un acto de desesperación, anteponga sus intereses políticos personales a los de sus representados.

Ahora bien, si es no legal la exigencia de entregar plazas de base por la vía de herencia a familiares de trabajadores fallecidos o jubilados, destacados abogados mexicalenses consultados consideran que no existe fundamento legal alguno para atender la solicitud planteada por Guerrero Luna.

Pese a ello, lo más grave de la cuestión es que sin importarle el impacto negativo que causaría el otorgamiento de nuevas plazas en las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali, -que destina el 80 por ciento de su presupuesto al pago de nóminas- y los serios problemas a la administración municipal y la población, amenaza con seguir promoviendo paros locos, -toma del Palacio Municipal- como medida de presión para lograr sus propósitos.

En cuanto a la legalidad de la controvertida exigencia sindical, Alberto Sánchez Luján, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, declaró a nuestro diario: “Actualmente, la petición del sindicato no viene fundamentado ni en la Ley del Servicio Civil ni el Reglamento de Escalafón, ni en las condiciones generales de trabajo”.

Así las cosas, ante el violento proceder de Guerrero Luna, que pareciera intenta utilizar a su gremio como carne de cañón en un guerra cuyo triunfo únicamente favorecería sus ambiciones políticas, ¿quién podrá convencerlo de la ilegalidad de su petición, como la calificó el abogado Sánchez Luján?

salgares4@gmail.com