QUO VADIS
Dos acciones gubernamentales están impactando fuertemente a los mexicanos y, aunque son importantes, parecen incompletas. En primerísimo sitio está la exigencia de millones para ser vacunados contra la Covid-19 y en secundaria posición se perfila la reciente aprobación en el Senado para crear el Patrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
De la vacunación anticovid resalta la lentitud -por lo que usted quiera y mande- con que se inocula a la población mexicana sin subestimar, por supuesto, TODOS los esfuerzos de servidores públicos y también de miles de ciudadanos en el país que estoicamente aguantan en innumerables casos horas de espera para quedarse sin la vacuna, lo que representa un desasosiego y desilusión porque sin ésta muchos siguen vulnerables y en riesgo de muerte, más cuando por los cuatro puntos cardinales de México se advierte una “tercera ola” pandémica de pronóstico reservado.
Del padrón de celulares lo que inquieta --y mucho-- es la obligatoriedad de entregar los propietarios de celulares sus datos personales y biométricos (huellas dactilares e iris del ojo) so pena de cancelar el servicio a incumplidos y sin saber aún qué tipo de garantías habrá para que la información –como suele ocurrir-- no acabe en subasta por internet para usos ilícitos, los que usted quiera enlistar independientemente de que no hay límites tecnológicos para que particulares o autoridades intervengan llamadas o accedan a mensajes, whatsapp, imágenes, etc., todo lo que en un celular se opera.
Del primer caso hay que reflexionar lo siguiente: Los vacunados no están al 100% libres del riesgo de contagio y, por ende, de transmitirlo a otros que no han sido inoculados o cuya salud es extraordinariamente vulnerable, de tal suerte que o se siguen al pie de la letra los cuidados preventivos o seguiremos contando nuevas “olas” pandémicas con el consecuente aumento de muertes, pérdida de empleos, confinamiento y otras consecuencias indeseables que se siguen experimentando en México.
De la intentona de crear un padrón de telefonía con datos privados de los usuarios para combatir delitos como la extorsión o el secuestro…por favor, es totalmente impráctico a sabiendas de que con el robo de un celular cualquiera puede incurrir en ilícitos en tanto no se bloquee, además de que es de primaria tener presente que la delincuencia puede recurrir a otro tipo de medios muy difíciles de rastrear para impedir delitos de alto impacto.
Aquí en la frontera norte (y quizá también en el centro y sur del país) tenemos, por ejemplo, acceso a celulares que son administrados por empresas estadounidenses ¿y…? Sería mucho mejor --en opinión de gente creativa-- procurar vacunación sin precedente utilizando todos los medios públicos y privados disponibles (como en EU y mientras haya materia prima) y para abatir el uso ilícito de celulares, legislar para que se cancelen ipso facto las líneas utilizadas para ello. Así de sencillo ¿o no?
