Quo Vadis
A mediados de esta semana se denunció ampliamente en medios electrónicos e impresos el caso de “Canela”, una perrita que era maltratada y abusada sexualmente por un degenerado denunciado en video en Facebook y cuyo caso acabó en la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Esta no es la única denuncia que transita por esa Unidad, hay otras 15 que desde 2015 se han documentado en nuestra capital y nada…ni una sanción a los perversos, incurriendo así las autoridades encargadas de hacer valer el artículo 342 del Código Penal del Estado que determina sanción hasta de 2 años de prisión a los responsables, en omisiones impensables.
Eso a final de cuentas es impunidad injustificada y añado cruel e inhumana porque nadie en sano juicio justificaría la inacción penal o permitiría que su mascota sufra a manos de conocidos o desconocidos, a menos que sea de la misma calaña de quienes cometen aberrantes actos, importándoles un soberano cacahuate la salud y calidad de vida de animales indefensos.
Por eso quienes tienen la alta responsabilidad de verificar que el personal de la Procuraduría de Justicia cumpla con su función, tienen a la vista otro caso que, de no haber justicia, inclinará a incontables personas a suponer no solo ineficiencia en la procuración de justicia, sino motivar lo que a la postre pudiera suceder: Buscar justicia en propia mano, como ocurre en casos delictivos a gente indefensa que acaban en linchamientos, venganzas igual o peor de crueles.
No subestimemos -como sociedad- la impunidad en cuanto al maltrato animal, porque está más que demostrado que quien abusa y maltrata gatos, perros, caballos, etc., acaba por hacer lo mismo o peor a seres humanos.
Espero entonces que en la PGJE se rindan cuentas de la inacción judicial e impunidad que ocurre en la Unidad de Tramitación Masiva de Causas no nada más en Mexicali, sino en todo el Estado; que informen y fundamenten cuáles son las razones por las que las denuncias contra quienes lastiman animales no prosperan y si en el retorcido manojo de casos hay algunos en donde se logró sentencia, pues que la precisen.
La sociedad, hay que tenerlo presente, debe saber que cuando una Fiscalía archiva una denuncia “por falta de nuevos elementos” o como usted quiera llamarle, tiene la obligación de informar oficialmente a la víctima o parte denunciante y ésta tiene el derecho de inconformarse en un período determinado ante un juez del Sistema Penal Acusatorio para que éste revise el status del expediente y determine lo conducente, en algunos casos hasta la reanudación de la investigación hasta sus últimas consecuencias, inclusive con sanciones a servidores públicos que -dicho coloquialmente- “se pasan” de omisos.
No se vale que tratándose de animales, personas indefensas o de cualquier otra naturaleza, ocurra impunidad documentada en casos penales. Como sociedad, reitero, hay que levantar la voz. ¿O no?
