QUO VADIS
Leyes interpretadas a modo y limitada vigilancia policiaca han sido insuficientes para reducir a su mínima expresión la muerte de inocentes causada por conductores ebrios o drogados.
El tema es de interés público porque hay cifras, víctimas y daños en Baja California que espantan y parece que no hay algo al alcance contra estas personas auto-convertidas en asesinos rodantes…Por eso, quizá, en la semana que termina el regidor Diego Echevarría Ibarra propone al Cabildo mexicalense --según la gravedad del caso-- incrementar multas de 18 a alrededor de 36 mil pesos, asistencia obligatoria a sesiones de AA, suspensión de la licencia por al menos un año y 20 horas de servicio a la comunidad, según la información pública disponible.
En lo personal y sin subestimar la positiva intención del regidor para atacar el problema en forma, creo que se queda corto porque en el fondo leyes hay, pero también intentos de servidores públicos para favorecer impunidad en delitos de conductores que a todas luces se comportaron con licencia para matar… Lo mejor sería si, que de forma, se agraven penas (lo más duras posibles) para disuadir la intención de tomar el volante en estado inconveniente, pero en el fondo sería más efectivo que los fiscales no se hagan de la vista gorda con actuaciones policíacas que suponen, de entrada, el trastoque y manipulación de evidencias, hechos, testigos, peritajes, etc.
Y de igual forma, que los jueces estén atentos al trabajo de los fiscales porque no son pocas las veces en que presionados por deudos de víctimas, las fiscalías exhiben omisiones que los juzgadores no pueden ni deben tolerar y de ahí en adelante, si hay inconformidad con las sentencias, hacer uso las partes de las prerrogativas ante instancias siguientes…
Dicho en otras palabras: Necesitamos más de servidores públicos que cumplan cabalmente lo que las leyes establecen contra irresponsables que convierten sus automotores en máquinas asesinas y aunque en el corto plazo veremos si el Cabildo mexicalense hace las reformas al Artículo 10 del Bando de Policía y Buen Gobierno de nuestro municipio, falta ver quién será el valiente protagonista de impulsar reformas al Código Penal Federal para que la procuración y administración de justicia en materia penal, en general, no siga siendo una burla contra una delincuencia consumada.
La impunidad, recordemos, tiene que ver con los entuertos que protagonizan responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes y normas que nos rigen y esto es más tarea de los ciudadanos que de autoridades superiores porque, oiga usted, si no fuera por las sonoras manifestaciones públicas de víctimas o sus familiares, hay servidores públicos que ni ven ni oyen, aunque por fortuna son minoría que ciertamente trastoca estilos de gobierno y traiciona la confianza ciudadana al grado de ser necesario visibilizarlos y sancionarlos ejemplarmente para evitar que se extienda esa corrupción que aniquila toda esperanza de justicia. ¿O no?
