EL AGUA DEL MOLINO
El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso una reforma constitucional que permita al INEGI ingresar en las casas de los ciudadanos y sin ningún impedimento legal o constitucional, para revisar su patrimonio inmobiliario a fin de medir la concentración de la riqueza. Afirmó también que tal organismo debe tener la facultad legal de revisar el patrimonio financiero de las personas, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El dirigente morenista sostuvo igualmente que el INEGI debe presentar cada dos años un informe que dé cuenta de la riqueza de cada persona.
Si la información es cierta, se trata de algo absolutamente anticonstitucional más que inconstitucional, porque va en contra que no al margen de lo dispuesto en la Carta Magna. Es algo que raya e insisto en que si la información es cierta y no tergiversada, en la demagogia y en el populismo. No se pone en tela de duda la inequitativa concentración de la riqueza en nuestro país, pero el propuesto no es el camino para medir la desigualdad e injusta desigualdad económica, que no se ha de enfrentar o combatir negando los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho. Hay mecanismos administrativos que se deben perfeccionar, pero nunca abusando del poder de facto y en detrimento del Estado de Derecho, pues hacerlo así equivale a utilizar la injusticia para combatir la injusticia.
Es algo aberrante proponer que el INEGI entre en las casas u oficinas de las personas, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de aquéllas.
Ahora bien, negar o desconocer el Derecho va en contra del espíritu, según entendemos por boca del propio Presidente de la República, de la llamada Cuarta Transformación. Ramírez Cuéllar refirió que esta propuesta surgió de un análisis llevado a cabo por Morena y especialistas en política y economía ante la emergencia sanitaria y con la finalidad de forjar nuevas reglas de convivencia basadas en el bienestar. Lo que pasa es que la emergencia sanitaria, incluido cuando salgamos de ella, no implica renunciar al Estado de Derecho, a los fundamentos legales y constitucionales de nuestro Estado. Hasta allí no ha llegado el covid-19. El futuro inmediato y mediato será sin duda de lo más complejo y diferente a lo actual, pero sin dejar a un lado los valores sobre los que descansa la vivencia y convivencia en la sociedad.
Yo instaría a Ramírez Cuéllar para que recapacite en su propuesta, porque la política y la economía son inconcebibles sin la sociedad que de suyo es un conjunto de personas que viven y conviven bajo normas comunes; normas que corresponden al Derecho y a la razón de ser del Estado... ¿O podemos tapar el sol constitucional de los artículos 1º, 14 y 16, que entrañan derechos humanos y garantías para protegerlos, dándolos por muertos?
