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Por lo visto el problema del adeudo que tiene el gobierno de Jaime Bonilla Valdez con la Comisión Federal de Electricidad no ha sido resuelto, ya que el pago no se ha hecho. La reconexión del servicio se hizo gracias a un convenio de pago suscrito con la paraestatal mediante abonos semanales.
La versión que dio a los diputados Salomón Faz, titular de la Seproa, durante su comparecencia del viernes pasado, fue la siguiente: Se hizo un pago inicial de 20 millones de pesos y se pactó el compromiso de pagar abonos semanales de 10 millones de pesos. Considerando que el saldo -al día del corte del servicio- era de 220 millones de pesos, quedaría pendientes de liquidar 170 millones de pesos.
Ahora bien, si la CFE reconoce haber hecho cobros irregulares por 115 millones, situación que será determinada por la Comisión Reguladora de Electricidad, el adeudo se reduciría a 105 millones de pesos, tomando en cuenta los pagos de 50 millones, quedaría pendiente un saldo de 55 millones de pesos que tendría que pagar la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin embargo, si la CRE determina la legalidad de los cobros que rechaza el gobierno estatal, la situación cambiaría radicalmente en cuanto al monto de la herencia que dejarán al próximo gobierno.
Veamos: En tal caso, el adeudo total sería de 220 millones de pesos. Considerando los 50 millones abonados por el gobierno bonillista, en el convenio, el saldo pendiente de pago ascendería a 170 millones de pesos, cuyo pago estaría a cargo de la administración que presidirá Marina del Pilar.
Así las cosas, las condiciones en las que la nueva gobernante recibirá las finanzas estatales no son nada halagadoras. No olvidar los adeudos de 400 millones a los policías, 300 millones de los burócratas, 20 millones a los Distritos de Riego, 500 millones y mil 200 millones a los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, respectivamente, más los que resulten las últimas semanas del mandato de Jaime Bonilla.
POSDATA: Analistas financieros consultados estiman que el pago del adeudo de la UABC podría haberse realizado con participaciones federales correspondientes a los municipios de Baja California.
