Prisma
El comisionado presidente del ITAIP, Octavio Sandoval López, envió al Congreso de Baja California un exhorto para reformar el artículo 134 de la Ley de Transparencia para que el acceso a la información no sea costoso para los ciudadanos y el cumplimiento fiel de las resoluciones sean expeditas y no sujetas a interpretación y litigios.
Se trata de evitar que el cobro de las copias de las resoluciones -cuando se pidan certificadas-, sea tan alto y se convierta en un obstáculo para que el solicitante de la información pueda obtenerla mediante el pago de un costo módico, como ocurrió en el siguiente caso: Un solicitante de información se quejó ante el ITAIP señalando que se le pretendía cobrar más de un millón de pesos por concepto de derechos por la entrega de la información solicitada, consistente en 8,353 fojas y 60 expedientes.
Ante tal situación y en aras de garantizar el derecho de acceso a la información y en ejercicio de las atribuciones constitucionales como órgano especializado en materia de transparencia y como garante del derecho a favor de los ciudadanos, se procedió a realizar un análisis y evaluación del caso.
Así, se tomó la determinación, informó el vocero del ITAIP, de manera conjunta con el Congreso del Estado que el cobro se haga por expediente -no por caja foja- fijándose en 13 mil 843 pesos por obtener 8,353 copias y los 60 expedientes, más los impuestos complementarios correspondientes.
El ITAIP determinó también que el Congreso en un término de 24 horas emita el recibo del pago de derechos relativo a la solicitud de información relacionada con el recurso de revisión respectivo de abril 25, ordenando la entrega de copia certificada del dictamen 62 de la Comision de Hacienda y del Decreto 57 aprobado por el pleno de la Legislatura que autorizó la contratación de Asociaciones Públicas Privadas, conocidas como APP.
En cuanto a la iniciativa presentada por el organismo para modificar el cobro de las copias certificadas que soliciten los ciudadanos, deberá modificarse también la Ley de Ingresos del Estado, que hoy establece los cobros, por considerar que ello podría convertirse en un gran obstáculo de tipo económico para quienes soliciten información, negándoles la oportunidad de ejercer su derecho al acceso a la información.
Así las cosas, corresponderá a los integrantes de la Legislatura estatal revisar la propuesta en mención y aprobarla en su caso con la urgencia que amerita.
