Prisma
Mediante una modificación a la Ley de Transparencia del Estado, el ITAIP -comandado por el CP Octavio Sandoval López- tratará de bajar los costos al acceso a la información para que cuando se soliciten copias certificadas, esto no represente un obstáculo, como ocurre actualmente.
El funcionario explicó que debe ser la Ley de Transparencia la que proponga límites a los costos de reproducción de la información cuando ésta debe ser proporcionada con documentos certificados, solicitados por los interesados.
En la actualidad, el obtener la información mediante dichos documentos certificados representa un costo muy alto establecido en la Ley de Ingresos del Estado vigente, lo que prácticamente “hace inaccesible la transparencia e inviable la rendición de cuentas que todos requerimos”.
Para darnos una idea del costo excesivo que contiene dicho ordenamiento, en caso que el solicitante requiera que la información se le proporcione en documentos certificados, los costos de su emisión o reproducción varían entre 15 a 122 pesos por foja o documento certificado.
En tal contexto, se dieron dos casos de personas que solicitaron copias certificadas; tendrían que pagar uno 100 mil pesos y otro por cerca de un millón de pesos por la cantidad de copias requeridas. Obviamente, dichos montos no fueron pagados y el órgano garante no ha resuelto el asunto.
En este sentido, la Ley de Transparencia del Estado establece en su artículo 134: En caso de existir costos para obtener la información, los solicitantes deberán cubrirlos de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores al costo total de los materiales utilizados -papel, fotografías, uso de fotocopiadoras, uso de escaners o cualesquier otro medio en los que se puede guardar la información como discos compactos, dispositivos de almacenamiento de datos, como USB y tarjetas de memoria-.
De aprobarse la modificación a la Ley de Transparencia por la Legislatura estatal planteada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIP) -sugerida por varios ciudadanos inconformes con los altos cobros-, sería esta institución la que determinaría el costo del servicio comentado basado precisamente en el valor de los insumos utilizados en la producción de los documentos.
Considerando que la medida propuesta por el ITAIP y que las acciones que realiza son una valiosa herramienta que facilita el obtener información relacionada con la transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados, es lógico suponer que los señores legisladores la resolverán de manera favorable.
