Es un secreto a voces que la gestión de Jaime Bonilla fue un desastre de proporciones que todavía estamos dimensionando en Baja California.
Desde el inicio de su gobierno, Bonilla intentó cometer fraude a la Constitución en su intento de prolongar su mandato, demostrando así su talante autoritario y su disposición a burlarse de las leyes.
Bonilla llevó a cabo acciones contrarias al Derecho, como el ilegal intento de expropiación del Club Social y Deportivo Campestre o la realización de una consulta espuria y amañada para cerrar Constellation Brands, empresa que tenía inversiones por 1,400 millones de dólares. Y por si faltara más, la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2020, encontró múltiples irregularidades en materia de ejercicio del gasto federalizado, las cuales ascienden a más de 1,000 millones de pesos.
Tan solo en lo relativo al Gobierno del Estado se detectaron irregularidades por más de 200 millones de pesos, de las que un alto porcentaje corresponde al sector Salud.
Los posibles actos de peculado en los que incurrió Jaime Bonilla son graves, ya que violan el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las autoridades federales y locales, incluyendo los gobernadores, serán responsables por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
Sabiendo el gobernador que al terminar su ejercicio tendría una larga cola que le pisen, trató de crear un manto de impunidad en torno a su persona, controlando los informes de auditoría del Congreso del Estado para quedar sin mancha, nombrando un fiscal a modo, intentando entrar al gobierno federal como alto funcionario y más recientemente, reincorporándose de manera artera e ilegal al Senado de la República.
A raíz de su intento de protegerse vía fuero constitucional, se promovió el pasado 4 de abril un juicio político para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el que se argumenta que es inconstitucional la reincorporación de Jaime Bonilla al cargo de senador, ya que el artículo 125 constitucional prevé que ninguna persona puede desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, uno federal y otro en una entidad federativa.
El pasado 5 de mayo, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, resolvió que queda sin efectos la reincorporación de Jaime Bonilla Valdez, notificándose al Senado para que se llamara a su suplente. No obstante lo anterior, y en una interpretación a modo de nuestro orden jurídico, la Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, desacató la resolución, bajo el argumento de que el Congreso está en receso, lo cual es incuestionable, como también lo es el hecho de que Bonilla es integrante de la Comisión Permanente como Senador de la República.
Los actos de Jaime Bonilla no pueden ni deben quedar impunes: sus mútlipes escándalos deben ser investigados a fondo y sus actos de corrupción sancionados ejemplarmente. La ciudadanía de Baja California sigue esperando justicia ante los actos de un gobierno que dejó, a su paso, una larga estela de destrucción institucional, dolor, ineptitud, fraude y corrupción.
