ANGÉLICA DE LA PEÑA
La inseguridad que se padece en México es lamentable y vergonzosa; no hay autoridad que asuma la responsabilidad de las desapariciones que son posibles o por comisión o por omisión.
La desaparición forzada se perpetra por servidores públicos o por su aquiescencia o la cometen particulares en zonas donde no hay ninguna autoridad; porque hay lugares así en México, la delincuencia organizada es “la autoridad”. Quizá la persona desaparecida pudo ser víctima de tortura, desaparecida por consigna, porque estuvo en el lugar equivocado, porque se resistió a “colaborar”, quizá fue víctima de violencia feminicida por conocidos o desconocidos, hoy nadie está a salvo.
La ley señala que se debe buscar a la persona desaparecida inmediatamente cuando hay denuncia, reporte o noticia de su desaparición; se debe investigar cuando hay indicios de que fue involuntaria o es menor de edad y si no aparece a las 72 horas de su desaparición. Más allá de la revisión sobre estos preceptos y el concepto de “persona no localizada”, México sigue teniendo una deficiente práctica en la búsqueda oficial, las familias siguen buscando sin ayuda oficial y la investigación es peor: Las detenciones son mínimas frente a la realidad del fenómeno.
La constancia del desastre se refleja cuando aparecen los restos humanos en fosas o lugares clandestinos. Sin embargo muchas personas no aparecerán, por eso la investigación es crucial para saber la suerte o paradero de esa persona y quién o quiénes son responsables del hecho.
El gobierno no puede seguir des obligándose de su responsabilidad para dar respuesta sobre la identidad de los restos humanos que se localizan para que puedan ser entregados a sus familias. Muchos cuerpos son encontrados por las familias, por las madres buscadoras o rastreadoras, quienes exponen su vida al buscar por lugares dominados por los malosos.
El Centro Nacional de Identificación Humana es una pieza del rompecabezas que se debe poner en funcionamiento integral y coordinadamente, por lo que solo será plausible si las diputadas y diputados que la aprobaron y la aplaudieron le etiquetan los recursos indispensables para su funcionamiento. Lo mismo urge para el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas y el Programa Nacional de Exhumaciones, entre otros mecanismos que son necesarios funcionen con eficiencia.
Las familias han reclamado permanentemente “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, pero el Estado ha minimizado esta grave violación a los derechos humanos. Es necesario que reconozca que su política para enfrentar al crimen organizado debe ser modificada estructuralmente, porque -por cierto- esa es la causa de esta tragedia nacional.
