/ viernes 21 de febrero de 2020

La insolente como hipócrita impunidad…

Quo Vadis


Casi todo lo que repercute más para mal que para bien en materia de SEGURIDAD y PROCURACIÒN DE JUSTICIA a los mexicanos, se engendra en las políticas públicas, las que se inventan, improvisan o sesudamente se analizan, votan y promulgan en las cámaras de Diputados (500) y Senadores (128).

Personas conocidas unas y totalmente desconocidas otras que en su mayoría -desafortunadamente- hoy son sombra vergonzosa de otros ilustres mexicanos que desde esos recintos legislativos y otros espacios del poder público o civil dieron sus vidas para procurar leyes y prácticas que permitieran bajar a su mínima expresión la inseguridad, injusticia y desventuras sociales, políticas y económicas en el pueblo mexicano.

En fin, el caso es que a raíz del salvaje asesinato de la menor Fátima en la Ciudad de México, legisladores como TODOS los responsables de la SEGURIDAD y PROCURACIÓN DE JUSTICIA siguen fallando en relación a cientos de miles, cuyas vidas fueron cegadas en los vientres maternos: Niños, mujeres, hombres y ancianos que a lo largo y ancho del país -por lo que usted quiera y mande- fueron asesinados impunemente y no hay poder que pueda, quiera o sepa cómo hacer posible que haya mayor seguridad y procuración de justicia, de tal forma que jueces y magistrados se pronuncien por sentencias irrevocables como ejemplares a los culpables.

A los que administran justicia, recordemos, no solo los cuestionan genéricamente por pifias de otros actores en el debido proceso, sino que a su institución se le recorta el presupuesto cuando en términos constitucionales son la única alternativa legal y ciudadana para poner orden en fiscalías y otras áreas públicas que discrecional e injustificadamente archivan expedientes de delitos u omiten responsabilidades.

Aunado a la campante criminalidad también siguen impunes e incrustados en la función pública servidores que PROBADAMENTE incumplen sus responsabilidades con desgastantes frases: “No lo permitiremos…”, “estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo…”; “no se descarta ninguna línea de investigación…”; “el proceso está abierto, pero no podemos informar…”, “lamentamos…”, “se aplicará todo el peso de la ley...”, etc.

Así que finalmente lo ocurrido a millones de víctimas por la delincuencia sólo nos resta abogar por el fortalecimiento del Poder Judicial, que depure sus filas sí, también es necesario, pero mantenga su sana distancia con los poderes Legislativo y Ejecutivo que se han asociado o de plano conducirnos los mexicanos por el grito y sombrerazo y esperar nuevas elecciones para dar los golpes de timón políticos, económicos y sociales, que urgen antes de que lo más fatídico del destino alcance a cualquiera de los que todavía estamos con vida.

La pregunta --insiste la gente-- es: ¿Cuándo veremos fuera del servicio o en la cárcel a quienes por impunidad, corrupción u omisión, fallaron en seguridad y procuración de justicia? Porque todos los que ahí están tienen nombre y apellido, como los delincuentes. ¿O no?

Quo Vadis


Casi todo lo que repercute más para mal que para bien en materia de SEGURIDAD y PROCURACIÒN DE JUSTICIA a los mexicanos, se engendra en las políticas públicas, las que se inventan, improvisan o sesudamente se analizan, votan y promulgan en las cámaras de Diputados (500) y Senadores (128).

Personas conocidas unas y totalmente desconocidas otras que en su mayoría -desafortunadamente- hoy son sombra vergonzosa de otros ilustres mexicanos que desde esos recintos legislativos y otros espacios del poder público o civil dieron sus vidas para procurar leyes y prácticas que permitieran bajar a su mínima expresión la inseguridad, injusticia y desventuras sociales, políticas y económicas en el pueblo mexicano.

En fin, el caso es que a raíz del salvaje asesinato de la menor Fátima en la Ciudad de México, legisladores como TODOS los responsables de la SEGURIDAD y PROCURACIÓN DE JUSTICIA siguen fallando en relación a cientos de miles, cuyas vidas fueron cegadas en los vientres maternos: Niños, mujeres, hombres y ancianos que a lo largo y ancho del país -por lo que usted quiera y mande- fueron asesinados impunemente y no hay poder que pueda, quiera o sepa cómo hacer posible que haya mayor seguridad y procuración de justicia, de tal forma que jueces y magistrados se pronuncien por sentencias irrevocables como ejemplares a los culpables.

A los que administran justicia, recordemos, no solo los cuestionan genéricamente por pifias de otros actores en el debido proceso, sino que a su institución se le recorta el presupuesto cuando en términos constitucionales son la única alternativa legal y ciudadana para poner orden en fiscalías y otras áreas públicas que discrecional e injustificadamente archivan expedientes de delitos u omiten responsabilidades.

Aunado a la campante criminalidad también siguen impunes e incrustados en la función pública servidores que PROBADAMENTE incumplen sus responsabilidades con desgastantes frases: “No lo permitiremos…”, “estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo…”; “no se descarta ninguna línea de investigación…”; “el proceso está abierto, pero no podemos informar…”, “lamentamos…”, “se aplicará todo el peso de la ley...”, etc.

Así que finalmente lo ocurrido a millones de víctimas por la delincuencia sólo nos resta abogar por el fortalecimiento del Poder Judicial, que depure sus filas sí, también es necesario, pero mantenga su sana distancia con los poderes Legislativo y Ejecutivo que se han asociado o de plano conducirnos los mexicanos por el grito y sombrerazo y esperar nuevas elecciones para dar los golpes de timón políticos, económicos y sociales, que urgen antes de que lo más fatídico del destino alcance a cualquiera de los que todavía estamos con vida.

La pregunta --insiste la gente-- es: ¿Cuándo veremos fuera del servicio o en la cárcel a quienes por impunidad, corrupción u omisión, fallaron en seguridad y procuración de justicia? Porque todos los que ahí están tienen nombre y apellido, como los delincuentes. ¿O no?

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