La reforma al Poder Judicial de la Federación entró en vigor ayer. Habrá que esperar las consecuencias que esto traiga, ya que es una reforma de alto calibre que requirió de más análisis y no sólo el simplista argumento de acabar con los privilegios de jueces y magistrados. En su Artículo Transitorio segundo señala: “El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, en los términos del presente artículo”.
En el párrafo segundo del Artículo Transitorio Octavo se establece: “las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus Constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del 2027, en los términos y modalidades que éstos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del 2025 o de la elección ordinaria del 2027”. Es decir, el Congreso local tendrá hasta el 4 de diciembre para realizar los cambios constitucionales para la adecuación al Poder Judicial del Estado. Sin embargo, el Poder Judicial del Estado ya estaba de rodillas desde antes y eso nos lo hace ver su presidente ALEJANDRO FRAGOSO LÓPEZ, quien señala que no habrá crisis como en su contraparte del Poder Judicial Federal. Y es que al parecer hay buena relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial local, ya que o le prometieron algo a FRAGOSO LÓPEZ o de plano no ven ningún problema en que los impartidores de justicia sean electos por voto popular o tómbola, según sea el caso. Pero no habrá mucho que moverle a la reforma a nivel Baja California, está claro, además seguramente ya les enviaron desde Palacio Nacional las instrucciones de cómo debe quedar a nivel local.
SIN PROBLEMA
Quienes no ven mucho problema en la reforma al PJF son los de la Industria Manufacturera de la Exportación (Index), antes conocida por Asociación de Maquiladoras de Mexicali (AMMAC). Y es que el presidente de este organismo en Mexicali, SALVADOR MAESE, quien señala que hay buenas expectativas de inversión. Añadió que se mantiene contacto con diversos representantes de empresas nacionales y extranjeras que llevan a cabo estudios de proyectos de inversión para el desarrollo de zonas industriales, nuevas empresas o la ampliación de las existentes. Explicó que las oportunidades se encuentran en sectores como logística, aeroespacial, medicina e investigación, electromovilidad, semiconductores y desarrollo de software, entre otros. Reiteró que una vez concluido el proceso de transición tanto en los gobiernos de México como de Estados Unidos, se espera que la incertidumbre en los inversionistas disminuya, lo que permitirá una mayor consolidación de proyectos de inversión. Finalmente, aseguró que es de vital importancia que la nueva administración federal fortalezca la relación con nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, así como seguir trabajando en aspectos fundamentales como la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de la certidumbre jurídica. Sin embargo, lo que no dice es que la reforma al PJF pone en entredicho el Estado de Derecho a nivel nacional, ya que como ocurrió en la presente administración federal, de repente les cambiaron las reglas del juego a los inversionistas. Y también deberían tomar en cuenta lo dicho por el presidente del Senado, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA: “Si se van las inversiones no importa, por eso votaron”.