La revocación de mandato, un derecho ciudadano y un ejercicio de democracia directa, lamentablemente no se dio en nuestro país ni en nuestro Estado.
Lo que vivimos el pasado 10 de abril e incluso desde que inició el proceso de revocación, fue una práctica ilegal de elección de Estado, en la que el Presidente de la República calibró su ejército electoral, la capacidad de compra de voluntades de sus programas clientelares y el poder de movilización de electores bajo dádiva o coacción con recursos públicos.
En Baja California, como en varias entidades de la República, el ejercicio fue una gran desilusión ciudadana, con uno de los más bajos niveles de participación. A nivel nacional, el promedio de participación fue del 17.7% del listado nominal de electores, menos del 50% de los sufragios requeridos para que la consulta fuera vinculatoria. En Baja California la participación fue de solo el 13.2%, ubicándola como una de las últimas entidades en la materia.
Las irregularidades que se dieron desde el inicio fueron graves y numerosas: Las firmas fueron recabadas en todo el país por una organización afín a Morena, el ejercicio democrático se promovió de manera engañosa como una ratificación, se hizo propaganda personalizada del Presidente violando la Constitución, se desplegó el aparato de propaganda del gobierno para promover logros y obras e incluso, como en el caso de la gobernadora de Baja California, se “invitó” a las y los servidores públicos a que participaran en el ejercicio.
El 10 de abril la jornada transcurrió “sin incidentes”, pero en medio del uso evidente de una maquinaria electoral cuya consigna fue la compra y coacción de votos, el acarreo, el llenado de urnas, la propaganda en las calles y la presencia permanente de brigadas que documentaban la afluencia de electores. A pesar de la amplia movilización con recursos poco claros y del notable activismo gubernamental, las cerca de 385 mil personas que participaron en nuestro Estado fueron poco más un tercio de las que votaron en la elección de 2021, caracterizada por una participación de apenas 38% del padrón.
A pesar del triunfalismo expresado por el aparato de propaganda gubernamental, la revocación fue un fallido ejercicio de democracia directa en Baja California y en el resto de un país inmerso en más violencia, menos crecimiento, más muertes, menos empleos, más pobreza y cada vez mayor descontento ciudadano.
Las y los electores bajacalifornianos hablaron en las urnas a nombre de una ciudadanía que sigue esperando un giro radical en materia de salud, educación y desarrollo económico y prefirieron no participar en un proceso amañado, en una elección de Estado que a todas luces violó el marco jurídico en la materia, así como todas las reglas de una competencia electoral democrática, justa y libre.
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