CONTRASENTIDO
El pasado junio se celebró la elección de Gobernador en Baja California y muy a pesar de que hubo claro ganador en los comicios, tenemos un conflicto postelectoral que no es derivado de la impugnación de la elección por la no la residencia del candidato ganador, sino por la decisión del Congreso de aumentar de 2 a 5 años el período del pretendido cargo.
Hace algunos años se ideó empatar los procesos electorales locales a los federales, derivado de diversos análisis que concluyeron que tener varios procesos con distintas fechas solo ocasionaba un mayor gasto y desalentaban la participación ciudadana. Bajo esa premisa se decidió Baja California realizara su elección por un período de 2 años para que coincidiera en 2021 con la elección federal. Es decir, los bajacalifornianos tenían la opción de 2 años o de 5 y después de alegatos y decisiones judiciales, se decidió lanzar la convocatoria por 2 años, misma que fue aceptada y acatada por todos los partidos políticos y ciudadanía.
Sin embargo, ahora que hay un Gobernador electo por 2 años, el Congreso del Estado ha decidido realizar una reforma constitucional para que el período dure 5 años. Lo más raro es que la mayoría de los integrantes del Congreso no es del mismo partido político que el futuro Gobernador, lo cual aumenta el característico “sospechosismo” del mexicano.
Aunque la defensa de quienes pretenden aumentar el período de gestión es que 2 años no son nada para instrumentar las políticas públicas, a final de cuentas se aceptó la participación bajo ese esquema. Y otro argumento mucho más endeble es que en la boleta electoral no se especificaba el período a gobernar, por lo que bajo su lógica antidemocrática los gobernantes serían eternos.
La decisión del Congreso del Estado vulnera los principios de la voluntad popular a todas luces, por lo que siguiendo la lógica democrática y de justicia, la anterior medida debería ser revocada en tribunales porque evidentemente nadie puede gobernar por la imposición de un grupúsculo, sino debe ser por la voluntad popular. A tal grado es el enojo y encono social que diversos actores de la vida pública y nacional han emitido su descontento a la medida.
Un ejemplo es el presidente de los diputados en el Congreso de la Unión (nacional) que ya se ha pronunciado por el combate legal de la medida y en su caso por la desaparición de Poderes en el Estado (gravísimo). Y es que la medida es un verdadero atentado contra la incipiente democracia que hemos construido en los últimos años. Es imposible que se pretendan implementar medidas regresivas que lesionan la voluntad popular.
Nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio la participación de los ciudadanos en los procesos electorales como para mandarles el mensaje que votar no sirve de nada, porque quienes eligen y ponen a los Gobernadores son los diputados y no el pueblo. Quienes pretenden imponer esa reforma deben entender que nuestros gobernantes son puestos por una democracia directa que se ve reflejada mediante el voto directo de los ciudadanos y no por decretos o reformas.
