Prisma
Al formular esta entrega domingo 2 de junio se desarrollaba la justa electoral que todos esperábamos para elegir al Gobernador del Estado, cinco Alcaldes y 25 diputados locales. Obviamente ignorábamos los resultados de la justa electoral que fue calificada de atípica por razones que todos conocemos.
Cualesquiera que éstos hayan sido, esperamos que la decisión tomada por los ciudadanos sea la acertada y que “todo sea para bien de los bajacalifornianos que solo anhelamos vivir en paz”, en un marco de orden y tranquilidad y que los nuevos gobernantes respondan honesta y de manera eficiente a la responsabilidad que les fue conferida ayer en las urnas electorales.
Nuestro tema de hoy: Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión. Gracias a los análisis y revisiones realizadas por organismos del sector privado, sabemos que su implementación presenta varios retos a superar y que el período de transición tendrá una duración de tres o cuatro años. Entre ellos destaca el otorgamiento del presupuesto ofrecido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para crear la nueva estructura, la aplicación de recursos humanos y tecnología y las acciones que deberán realizar empresarios y sindicatos a favor de los trabajadores.
Se trata, pues, de reformas cuya aplicación requerirá “tiempo y paciencia”, ya que no será inmediata.
Los expertos en materia laboral consideran que mientras se realiza la aportación monetaria oficial, directivos de empresas y organizaciones sindicales tendrán bastante tiempo para realizar los cambios que contemplan las reformas, que incluyen evaluar la capacidad de los sindicatos para representar adecuadamente los intereses de los trabajadores e involucrarse de manera más eficiente en la búsqueda de la solución a los múltiples problemas que enfrentan.
En opinión de algunos empresarios, las modificaciones al ordenamiento laboral están encaminadas a que exista un sindicalismo real y a que se elimine la simulación y protección en la firma de contratos laborales. Ello acabará con la firma de contratos cuyos alcances y contenidos en muchas ocasiones desconocen los propios trabajadores, engañados por quienes se ostentan como sus representantes.
Otra de las reformas bien recibidas es la que se refiere a un nuevo sistema de conciliación, que fue calificada como “flexible” y consiste en incluir en una cláusula de arbitraje en los contratos colectivos de trabajo y que sean las partes las que decidan la designación de un árbitro que ayude a dirimir las controversias que surjan en la relación obrero-patronal en un plazo de 90 días, evitando que los juicios duren años como ocurre hoy.
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