¿Se puede discutir con AMLO? Ha resultado complejo poder entablar una discusión seria y documentada con el inquilino transitorio de Palacio Nacional.
Se presume desde las filas de la religión lopezobradorista que se han cambiado los estilos de gobernar. Eso está bien para fines de la cosmetología política, pero no desde la realidad concreta. El simplismo de López Obrador es brutal, todo lo que pasa en el país proviene de las herencias que dejó la antigua clase política. Así, una verdad se convierte en escudo de las ineptitudes cotidianas.
2. Percepciones y miedos. El INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del primer trimestre de 2019. Los hallazgos son graves: El 74.6% de la población considera que vivir en una ciudad es inseguro; las variables y circuitos que alimentan este trabajo estadístico representan la materia prima para un análisis criminológico de alto calado. Lo que nos están diciendo las cifras es un espejo que desde el gobierno se quisiera negar.
En 67 grandes ciudades del país la gente tiene miedo de viajar en transporte público, de caminar por las calles, de ir a los cajeros bancarios. En fin, de vivir en libertad. El ciudadano de a pie a merced de los múltiples factores exógenos y el Presidente escupiendo al pasado.
3. El Ejército y la tortura. AMLO se ha empeñado en hacer creer que es distinto a sus antecesores. Sin embargo, tiene como eje para enfrentar la inseguridad al Ejército y a la Marina, igual que los anteriores Presidentes.
El titular del Ejecutivo cree que las fuerzas castrenses pueden ser confiables con algunos cursos de derechos humanos. Los datos, esos que suele despreciar el tabasqueño, dicen que a partir de que el Estado mexicano declaró la guerra contra el narcotráfico “la autoridad que más cambió su comportamiento -recurriendo a la tortura- como producto de la guerra es el Ejército”, como lo suscriben 120 organismos de la sociedad civil mexicana en el Informe Sombra que presentarán en el 66 período de sesiones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Dicho texto apunta que “de las 204 recomendaciones emitidas entre 2006 y 2007 por la CNDH por violaciones graves, específicamente tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en 68.7% se identifica a las fuerzas armadas como autoridad responsable”.
¿Por qué tendríamos que creer que estas cifras de las prácticas militares se pueden modificar por un simple deseo presidencial?
