“De conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre, son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico”, dice el artículo 1 de la Declaración de Windhoek (Namibia).
A 30 años de la jornada que marcó el nacimiento del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en el actual marco de una pandemia mundial, estamos lejos de poder dar las garantías necesarias a los periodistas en particular y a la sociedad en general, de cumplir con este mandato.
La prensa independiente -según la Declaración- es aquella “sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas”.
Para que exista prensa pluralista deben suprimirse “los monopolios de toda clase”. Además dice el artículo 199 de la Declaración Universal de los DH que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En teoría es ideal, pero la situación que se vive en América Latina difiere muchísimo de esto, al punto que la jornada del 3 de mayo pasa a ser la celebración de una declaración de buenas intenciones, que son aplaudidas en igual medida que ignoradas por prácticamente todos los gobiernos regionales, en mayor o menor escala.
No todas las voces se escuchan en la sociedad e incluso muchas son silenciadas a través de presiones de integrantes de instituciones políticas y de los poderes fácticos, pero también de los que interactúan en el espacio virtual amparados en el cobarde anonimato.
El clima y la presión que se genera contra los trabajadores de la prensa por momentos es insostenible, constituyendo esta situación un atentado directo contra la democracia, contra la calidad de la información y, muchas veces contra la propia integridad y vida de los periodistas.
Una clasificación sobre libertad de prensa realizada por esta misma organización constata una “situación difícil” en Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. El único país de la región que tiene una “buena situación” es Costa Rica, mientras en un segundo nivel, definido como una “situación más bien buena” aparece Uruguay únicamente.
Pero en este último año, en Uruguay las llamadas de integrantes del gobierno a los medios de comunicación están a la orden del día…
Han pasado 30 años de la Declaración de Windhoek. Las premisas y los problemas de ese entonces se mantienen. Seguramente seguiremos escuchando a nuevos y viejos gobernantes expresando buenas intenciones sobre la libertad de prensa y haciendo el máximo esfuerzo por implementar el nuevo escenario gatopardista que les permita mantener el poder, cueste lo que cueste.
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