VOZ CAMPESINA
Cumplidos ya ocho años de ocurrido el terremoto que demostró -lamentablemente- no sólo que vivimos en riesgosa zona sísmica (cualquier imprevisible día puede reactivarse), sino además la ausencia de un formato práctico de anticipación a efectos telúricos inmediatos y consecuencias en plazos difíciles de precisar.
Claro, se llevaron a cabo simulacros en oficinas gubernamentales citadinas -igual que siempre el valle resultó ‘olvidado’- (cómo que si acá-allá dicho temblor no impactara con dureza singular). También se anunció el ‘avance’ en materia de protección civil que consiste en ‘la publicación del reglamento de actuación en caso de sismo y ser ahora obligatorio para las instituciones contar con un programa intenso de protección civil’.
Sin embargo, vale recordar que el 4 de abril del 2010 fue domingo -día inhábil- para justificar la necesidad de métodos preventivos y aplicables a inmediatez, luego de eventos sísmicos en la zona rural y colonias periféricas de nuestra capital, donde la devastación afectó de atroz manera hace ya ocho años.
Sin descalificar ningún procedimiento regulatorio legal, vale recordar que en nuestro país las leyes suelen bajo innegable frecuencia, desobedecerse y lo peor, al no corresponder a la realidad social algunas no resuelven problemáticas de competencia. Ejemplo: El ‘nuevo’ sistema penal. Obstáculo añadido, tremenda imposibilidad a la inmensa mayoría ciudadana de acceder al conocimiento de códigos o reglamentos que ‘deben bajarse del internet’ (cuestión tampoco gratuita, complicada a los pobres) y/o adquirir$e en librerías especializadas), aunque ‘aguas’ porque “la ignorancia de la Ley a nadie exime de su cumplimiento”. Es decir, pese a desconocerlas los mexicanos somos susceptibles destinatarios de toda sanción establecida en leyes vigentes.
Consideramos que la normatividad orientada a prevenir eventuales sismos habría de abarcar (los gobiernos tienen la palabra y recursos) el almacenamiento de herramientas básicas de uso inmediato posterior (plantas de luz similares a las donadas en abril del 2010, que aún se ignora su destino final), alimentos no perecederos, etc., etc., de muchísima mayor urgencia en áreas rurales y urbano-marginadas, que la más asertiva ley y/o reglamento.
Sobre la ‘simulacrología’, no dudamos de su eficacia. Pero al ofrecer disculpas respecto a mi parcialidad en favor a pobladores del valle y periferia en la urbe cachanilla, víveres, ropa, etc., etc., les vienen (se acreditó en 2010) y vendrían mucho -pero mucho mejor- que el mejor simulacro que -por cierto- no se sabe practicado en oficinas gubernamentales instaladas (las hay, ampliamente concurridas) en tales centros de población, alejados del Centro Cívico de Mexicali.
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