PRISMA EMPRESARIAL
Hace varios años entrevistamos a un funcionario de la Secretaria de Economía y al preguntarle sobre la política industrial del gobierno federal, contestó: “Este interesante tema, está en boca de muchos y en manos de muy pocos”.
La insólita respuesta podría aplicarse al problema de los “carros chocolate”, que luego de ser internados de manera ilegal a territorio nacional, amparados por placas apócrifas que les venden organizaciones como Onappafa y Anapromex, circulan, en varios estados fronterizos, sin que, -inexplicablemente- autoridades de los tres niveles apliquen leyes y reglamentos.
Como es bien sabido, ante la complacencia de las autoridades, -por no decir complicidades de funcionarios hacendarios, por tratarse del delito de contrabando- y con el supuesto apoyo de diputados federales y senadores dichas empresas tienen años haciendo el negocio de su vida, vendiendo falsa protección a sus asociados.
La discutida protección, aseguran, incluye un amparo de la justicia federal que evita decomiso de los vehículos ilegales y la venta de una póliza de seguro que supuestamente cubre el renglón de responsabilidad civil. Abogados y especialistas en seguros, consultados estiman que ello no procede por tratarse de un acto ilegal.
Pues bien, amigo lector, en este marco de cosas, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, propuso el levantamiento de un censo de los vehículos “chocolate”, sin que ello implique su regularización, ya que esta compete únicamente al gobierno federal. Se trata de conocer la identidad de sus propietarios cuando las unidades se ven involucradas en actos delictivos -como sucede con frecuencia- y obligarlos a cumplir con la verificación vehicular establecida para combatir la contaminación.
Asimismo, el gobierno está proponiendo una reforma al Código Penal de Baja California, pidiendo se considere delito grave la expedición placas y documentos apócrifos que “amparen” la circulación de unidades internadas ilegalmente a nuestra entidad, usurpando funciones que son competencia del gobierno estatal.
Mientras ello ocurre, Fidel Villanueva, dueño de Anapromex, como es lógico suponer, ante el peligro de perder sabuloso negocio que le ha dado ganancias millonarias, timando a miles de personas, ha descalificado las acciones emprendidas por el gobierno estatal. Recordar que este señor ha sido encarcelado en dos ocasiones. Una en Baja California y otra en Chihuahua. A pesar de todo, anticipo que seguirá “defendiendo” a sus agremiados, argumentando que, para ello, cuenta con el respaldo de poderosos funcionarios públicos federales, prominentes empresarios y legisladores federales. ¿Será?
Por otra parte, vale comentar que versiones difundidas a nivel nacional, mencionan que el gobierno federal está implementando un esquema que facilitará la regularización de los vehículos, en un plazo aun no definido.
Mientras llega la decisión final, la pregunta es: ¿Seguirá la venta de protección vehicular ilegal en Baja California?
Salgares4@gmail.com
