El Agua del Molino
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió “perdón” por referirse como una “provocación” a las manifestaciones de la semana pasada contra la violencia de género, diciendo además que la Procuraduría de Justicia capitalina no investigará a las mujeres que participaron en presuntos delitos alterando el orden y dañando propiedad ajena en diversos puntos de la Ciudad.
A su vez, el presidente López Obrador dio a conocer el último lunes en su “conferencia mañanera” que “quienes se manifiesten deben hacerlo sin violencia y cuidando el patrimonio cultural”, al aludir a las recientes protestas de mujeres en la Ciudad de México y en diversos Estados de la República para exigir un alto total a la violencia y a los abusos sexuales.
Ahora bien, la pregunta es qué autoridad tiene la Jefa de Gobierno para suplantar las funciones del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía General de Justicia y “perdonar” -aduciendo lo que aduzca- el inicio y curso de una investigación penal; olvidando asimismo el hecho de que tan pronto el Ministerio Público tenga conocimiento, lo que en el caso fue público y notorio, de un probable delito que se investigue de oficio tiene la responsabilidad ineludible de hacerlo.
Ninguna, no tiene ninguna autoridad la Jefa de Gobierno para hacer tal atribuyéndose funciones que no le corresponden. Tanto la Constitución de la Ciudad de México como la Ley Orgánica de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dotan de autonomía a dicha institución. No se trata de ninguna manera de criminalizar las protestas en contra de la violencia a las mujeres y de los abusos sexuales. Y para eso está el Ministerio Público, para investigar e indagar.
Desde luego hay distintos criterios entre la actitud de la Jefa de Gobierno y lo dicho por el Presidente de la República, pero no hay duda de que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”, en los términos del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si a contrario sensu la reunión dejó de ser pacífica y se causaron daños a la propiedad ajena, el Ministerio Público debe investigar y deslindar -como se dice- responsabilidades.
En consecuencia, causa asombro por lo menos que en un Estado de Derecho la autoridad política suplante a la autoridad del Ministerio Público. Y la supuesta provocación, si la hubo, de la Jefa de Gobierno al decir precisamente la palabra “provocación” -por lo que ha pedido perdón- calificando así la protesta de las manifestantes, ello no justifica la violencia ni el daño en propiedad ajena. Y si se investiga la posible comisión de delitos, esto tampoco implica criminalizar las manifestaciones sociales.
A mi juicio, la Jefa de Gobierno ha incurrido en un acto de “violencia administrativa” al desconocer las funciones del Ministerio Público. El suyo ha sido un acto “violento” de autoridad y no podemos ni debemos ignorarlo quienes creemos en el Derecho como el único camino posible para enfrentar la grave crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Cuando la llamada cautela política prevalece sobre la ley o hay que reformar la ley por mala o al cauteloso hay que enseñarle que su autoridad tiene por límite el respeto a la buena ley.
Por último, investigar no es criminalizar, sino acatar el Derecho y la ley para determinar si se cometió o no un delito, lo que únicamente podrá definir un juez.
