Prisma
Tal como se esperaba, el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, “se topó con pared” en sus intenciones de bajar el gasto público aplicando una reducción de salarios a la burocracia dorada de nuestro país.
El personal del Poder Judicial de la Federación -llámense magistrados, jueces, etc., etc.- se negó a bajar el monto de los altísimos cobros que hacen por sus servicios, explicando que un decreto expedido durante el gobierno del presidente Benito Juárez los convirtió en intocables, en lo que corresponde a los emolumentos que perciben.
Para darnos una idea del monto que nuestros carísimos responsables de impartir justicia cobran, vale acotar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, en 2018, cobrará un sueldo bruto al año de 4 millones 743 mil pesos.
A esto habría que agregar otros conceptos como pago de riesgo (sic), por condiciones de trabajo, seguro y seguro de ahorro, que sumados a su sueldo y vestuario arrojan un total de 6 millones 938 mil pesos. Con algunas variantes, los 10 ministros restantes reciben iguales beneficios.
Generosos que son estos abnegados adalides de la justicia, dijeron a AMLO que solo están dispuestos a bajar ciertos gastos como la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario y equipamiento en general: Gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolinas, actividades culturales y deportivas y otorgamiento de apoyos económicos, no indispensables para la adecuada impartición de justicia.
El presupuesto para 2018 es de 71 mil 366 millones 389, mismo que será revisado y en un momento dado reducido significativamente a partir del primero de enero del 2019. Las partidas a revisar serán la construcción de edificios, servicios relacionados con obra pública en bienes propios e inversión pública, por un monto de 5 mil 596 millones de pesos, de los cuales al 30 de junio solo habían sido ejercidos mil 862 millones.
Aun cuando el presidente de la Corte no cedió un ápice en su negativa a bajarse los sueldos como lo quiere AMLO, no tuvo empacho alguno en declarar -¡cuánta generosidad!-: “Nuestro país enfrenta retos profundos en lo económico, político y social y el Poder Judicial no es ajeno a éstos, debe replantearse una reorientación de algunas de sus estrategias y acciones que permitan ejercer sus funciones con mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente austeridad, en el ejercicio del gasto público”.
A propósito del tema, ¿en qué monto y condiciones andarán las pensiones y jubilaciones de esta clase privilegiada de “servidores públicos”?
