Comenzamos el mes de diciembre con la mala noticia de que el gobierno de los Estados Unidos de América se ha visto obligado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia, a volver aplicar el programa “Quédate en México”, que heredó de la administración del presidente Donald Trump.
El programa, que inició en enero de 2019, obliga a que las personas que soliciten asilo al gobierno norteamericano tengan que esperar en México hasta la fecha de su entrevista con una Corte de Inmigración. Los tiempos de espera ante las Cortes son indefinidos, lo que obligaría a que miles de personas queden varadas en México esperando abrazar el sueño americano.
La aplicación del programa llega en el peor momento para el gobierno mexicano. Las medidas de “austeridad republicana” han significado recortes a organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las personas migrantes en refugios para que su estancia en nuestro país se dé en condiciones de seguridad y respeto incondicional a sus derechos humanos.
Los recortes presupuestales criminales que se han hecho a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) han limitado de forma considerable su capacidad para atender a miles de personas que buscan refugio o asilo.
El despliegue de la Guardia Nacional para contener a las caravanas de migrantes sin protocolos de atención y desviándola de sus funciones esenciales en materia de seguridad interior, conlleva violaciones reiteradas a los derechos humanos ante una Comisión Nacional que ha preferido voltear hacia hechos del pasado, en lugar de señalar las violaciones del presente.
El programa que se ha puesto en marcha obliga a México a ser, en los hechos, un tercer país seguro, lo que implica generar internamente condiciones para que miles de migrantes puedan vivir temporalmente en puntos fronterizos en condiciones de dignidad y respeto a sus personas.
Hoy estas condiciones mínimas no están dadas, lo que hace que la responsabilidad gubernamental sea mayor.
El hecho de que el gobierno haya decidido aceptar la implementación del programa “Quédate en México” es una muestra más de subordinación a políticas que pueden tener consecuencias adversas en la vida y la salud de las personas que optan por migrar.
Ante estas decisiones gubernamentales hay que lamentar una vez más que en lugar de diálogo haya imposición y que en lugar de transparencia haya opacidad. Por ello, desde el Senado de la República promovemos que el gobierno responda con argumentos, acciones y medidas concretas acerca de las preocupaciones que tenemos ante la aplicación de un programa que nos concierne a todas y todos, ya que lo que está en juego -una vez más- es la vida y la dignidad de las personas que en aras de un sueño han decidido migrar.
