PRISMA
Para nadie es un secreto que las pequeñas y medianas empresas del país aportan el 70% de los puestos de trabajo. Ello prueba la gran relevancia que tiene su desarrollo y el imperativo de recibir apoyos efectivos y oportunos del gobierno y del sector financiero.
Con frecuencia escuchamos que dependencias gubernamentales e instituciones bancarias ofertan programas de apoyos financieros y facilidades fiscales a esta clase de negocios. Sin embargo -se quejan los mini empresarios- que a la hora de acudir a las oficinas y ventanillas a solicitarlos, se enfrentan a una burocracia en ocasiones difícil de superar.
Comentó al reportero un desilusionado aspirante a recibir tales estímulos, “entre tanto documento que me pidieron, solo faltó mi acta de defunción”. Ello me hizo desistir en mi empeño de obtener el dinero que necesito para fortalecer mi empresa y superar los múltiples problemas causados por el Covid-19. Ya quisiera tener dinero para pagar nóminas, no el papeleo solicitado”.
En cuanto se refiere a la situación fiscal de la pequeña y mediana empresa, hay que decirlo, el gobierno federal, algunas entidades federativas y municipios del país, lejos de crear incentivos dictan medidas recaudatorias y de control que complican su funcionamiento, en vez de impulsar el desarrollo que ameritan como grandes generadoras de puestos de trabajo. Ello trae como consecuencia el aumento de la informalidad que, según versión oficial, representa el 56% de la actividad económica nacional con repercusiones negativas que afectan a los trabajadores, empresas formales, erario público y frena el crecimiento económico.
En tal contexto, llega noticia difundida por la Secretaría de Economía del Gobierno federal en evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina: “Estamos preparando un esquema de incentivos para atraer a MiPymes a la formalidad y se conviertan en proveedores de los tres niveles de gobierno. Incluye una estrategia de desregulación para su registro formal”.
¡Bienvenida la buena nueva! Sin embargo, la funcionaria federal “se quedó corta” en proporcionar la información que todos esperamos. No dijo cómo ni cuándo pondrá en marcha el cacareado programa, menos el monto de los apoyos y los alcances de la desregulación fiscal prometida.
Ante la urgencia de soluciones que reclaman los problemas causados por Covid-19 -muchos, por cierto-, el anuncio de doña Graciela se convierte en una promesa oficial más, cuyo cumplimiento lamentablemente “queda en el aire”.
PD. En Estados Unidos, Donald Trump olvidó que “quien siembra odio, cosecha tempestades”.
