Estrategia$
México vive un vacío de representatividad social. Y esto no es resultado de una democracia incipiente como algunos afirman, sino de una estructura fallida que amenaza la gobernabilidad democrática. Quienes militan en los partidos políticos -con honrosas excepciones- velan fundamentalmente por intereses personales y de grupo, mientras que los poderes fácticos utilizan organizaciones paralelas para reforzar el estatus quo en detrimento del bienestar general. En este contexto, la mayoría somos ignorados en la toma de decisiones. En especial aquellas que fijan el rumbo y destino de la nación, sin que nuestras esperanzas y anhelos formen parte de la ecuación. Así, la falta de legitimación de las estructuras políticas crece, a la vez que el malestar y el hartazgo social.
La inseguridad y la violencia son resultado del debilitamiento de las instituciones, pues éstas no trabajan al servicio del país. Y por si esto fuera poco, se nos arrebata el derecho de tener mejores gobiernos al dejarnos únicamente la opción de emitir nuestro voto por aquellos que emanan de las mismas instancias partidistas comprometidas a que las cosas sigan igual.
Es cierto que siempre habrá la posibilidad de que triunfe un caudillo dispuesto a ejercer el poder en favor de las mayorías, mas esto no deja de ser un anhelo, pues la historia enseña que el andamiaje de intereses y privilegios no cede sin una lucha a fondo. Asimismo, que un líder de estas características puede llevar las cosas a un estado peor.
Buena parte de los mexicanos entendemos que quienes ostentan el poder no nos representan. Y esta condición es aplicable lo mismo a funcionarios y políticos que a la generalidad de quienes dirigen organizaciones civiles enlazadas con el poder económico. Los niveles sin precedente, en términos de impunidad y corrupción que tenemos hoy día, no serían posible sin la simbiosis de ambas formaciones.
El buen funcionamiento y permanencia del esquema anterior ha perdurado gracias al papel que han desempeñado los medios de comunicación. Éstos difunden información que les llega a través de boletines de prensa o declaraciones de funcionarios de diversos órdenes de gobierno, partidos políticos u organizaciones privadas y pocas veces de personas desligadas a los intereses de éstos. Con ello, la sociedad recibe noticias a modo que bien forman o deforman su opinión.
En 2015, la empresa Signum Research estima que el gasto publicitario total en nuestro país fue alrededor de 82 mil millones de pesos, lo que representó el 0.5% del PIB. De acuerdo con la organización civil Fundar, ese mismo año el gasto en publicidad oficial fue de poco más de 22.1 mil millones de pesos (10.2 mil millones del nivel federal y 11.9 mil millones de las entidades federativas), lo que implicó que el Estado mexicano contribuyera con el 27% del gasto total en publicidad.
Esta cifra resulta verdaderamente escandalosa e inmoral en un país en que poco más del 70% de la población vive en condiciones de pobreza o cerca de la línea mínima de bienestar.
Las cifras anteriores no consideran el costo que representan los tiempos oficiales que se utilizan en la radio y TV o las erogaciones de los partidos políticos. Tampoco el gasto de organizaciones privadas tendientes a dar apoyo a decisiones o posturas gubernamentales. En estas condiciones son contados los políticos (llámese ediles, diputados, senadores, gobernadores, entre otros) que defienden los intereses de la mayoría. En igual situación están los llamados representantes sociales, cuya experiencia demuestra que sus acciones son de engaño o simulación (como sucede con la mayoría de los líderes sindicales).
Por su parte, las organizaciones empresariales tienen una agenda definida, cuyo objetivo principal es promover y proteger los intereses del gremio. Y lo mismo puede decirse de otras instancias civiles que si bien buscan ayudar a la sociedad, lo hacen en actividades humanitarias específicas o temas sociales, políticos y económicos de alcance limitado.
Por todo lo anterior, creo válido preguntarnos: ¿Quién nos representa?
erovirosa01@gmail.com
