PRISMA
Hace algunos años recibimos un volante cuyo contenido ofrecía los servicios de una empresa sourcing, radicada en León, Guanajuato, dizque “para mejorar la administración y rentabilidad de mi empresa”. Su oferta principal era: “Si desea pagar salarios bajos a sus trabajadores y menos impuestos, nosotros le ofrecemos varias alternativas”.
Con el transcurrir del tiempo, nos enteramos que el funcionamiento de esa clase de empresas asesoras creció no solo en Baja California -particularmente en la industria maquiladora-, sino en todo el territorio nacional. Incluso, hoy se sabe que algunas dependencias de gobierno y hasta instituciones bancarias contrataron sus servicios.
Información oficial indica que el auge de las llamadas outsourcing se incrementó a tal grado que se estima en más de 6 millones de trabajadores mexicanos contratados mediante el novedoso sistema por 2 mil grandes empresas.
Atraídos por el hecho de reducir sus costos operativos, sucedió lo que tenía que suceder: La figura perdió la finalidad que dio origen a su creación y se dieron abusos que no solo perjudicaron al fisco, también a los trabajadores. Surgió la evasión de impuestos y graves afectaciones a los trabajadores al ser registrados oficialmente con salarios menores a los que realmente percibían.
Información difundida por la Secretaría de Hacienda indica que solo el 45% de las empresas pagan sus impuestos conforme a la ley, lo que implica que el resto aprovechando el esquema evaden el pago en una cantidad estimada en más de 400 mil millones de pesos.
Ante tan anómala situación, el gobierno federal decidió -luego de grandes discusiones legislativas- modificar el esquema sourcing mediante una reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación de abril 23/2021, que suponese acabará con dichas prácticas ilegales, en beneficio del erario y del sector laboral.
La cortedad de nuestro espacio impide detallar los nuevos requisitos a cumplir por las empresas que utilicen el esquema de subcontratación. Baste comentar que contarán con un plazo de 90 días para regularizar su situación actual en favor de los trabajadores.
