Como ustedes seguramente ya sabrán, desde hace poco más de tres años las embarcaciones de la organización criminal “Sea Shepherd Conservation Society” han realizado acciones de patrullaje marítimo en el Alto Golfo de California con la anuencia de la Secretaría de Marina y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para supuestamente proteger el hábitat de la vaquita marina de la pesca ilegal, algo que en los hechos ha resultado una completa falsedad, así como una grave violación a nuestra soberanía nacional y al Estado de Derecho.
Es una falsedad porque el 94.6% de los pescadores de San Felipe cuentan con permiso de pesca de camarón, mientras el otro 13% también puede pescar otras especies como tiburón o escama y es precisamente a estos pescadores legales a los que la Sea Shepherd se ha dedicado a acosar, agredir, inspeccionar sus embarcaciones en altamar; decomisarles sus productos y equipos de pesca, entre otras acciones que violan los derechos de ciudadanos que tratan de ganarse la vida de manera honesta.
Sí, hay grupos de la delincuencia organizada que se dedican a la pesca ilegal a lo largo y ancho del Golfo de California, pero con ellos no se meten ni Sea Shepherd ni por lo visto las autoridades federales. A los que se dedican a sacar la totoaba del mar ilegalmente, a quienes la transportan por tierra, la cruzan por las aduanas, la venden y la comercian en los mercados internacionales, a ellos no les hacen nada.
Por el contrario, a los pescadores honestos el gobierno los ha tratado como
criminales desde hace años y los ha dejado expuestos a las acciones perpetradas por Sea Shepherd, las cuales, por implicar la destrucción de
propiedad privada, abordar embarcaciones por la fuerza y sin ningún derecho, entre otros tipos de violencia que ponen en riesgo la seguridad de la navegación marítima, han sido calificadas como “piratería” y “terrorismo” por el Instituto Nacional de Pesca de los Estados Unidos y la Comisión Ballenera Internacional cuando han condenado las estrategias violentas de estos delincuentes pseudoambientalistas de la misma forma que lo hacemos miles de bajacalifornianos hoy.
El 31 de diciembre del 2020 el ánimo violento e imprudente de esta organización provocó la muerte de un pescador, Mario García Toledo y otro más resultara gravemente herido, pues con su barco incomparablemente más grande y pesado, embistieron intencionalmente a toda velocidad la panga en la que se encontraban ambos pescadores, siendo lo más lamentable que no fue la primera vez que realizaron una acción como ésta ni aquí, en nuestro Alto Golfo de California, ni mucho menos en otros mares del mundo, pues es una práctica que han venido realizando desde 1979.
Pero mientras otros gobiernos como el de Canadá, Estados Unidos o Japón, entre otros, han sancionado penal y civilmente a los miembros de esta organización criminal por los delitos cometidos y los daños provocados en diversas ocasiones, el gobierno mexicano ha optado por protegerlos y delegarles funciones que en todo caso le corresponden de forma exclusiva al Estado.
Es una vergüenza que una institución extranjera y privada esté haciendo las
funciones de policía del mar en nuestro país, de vigilantes sin ningún tipo de control, que sustituya a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y que nuestra soberanía sea burlada por un grupo de piratas.
Es una vergüenza también que mientras a los criminales se les protege, a toda una comunidad en la que uno de cada cuatro empleos depende directamente de la pesca, se le abandone y a quienes traten de ganarse la vida honradamente se les persiga con toda la fuerza del Estado.