PRISMA
Cuando el hoy candidato a gobernar la Ciudad de México fungía como director general del Seguro Social, con frecuencia digna de mención, le escuchamos presumir logros alcanzados durante su administración.
Presumía haber logrado la estabilidad financiera de la institución y estar surtiendo el 95% de las recetas presentadas por los derechohabientes.
Lo primero no fue posible comprobarlo por no haber tenido acceso a uno de sus estados financieros. Lo segundo, personalmente comprobamos que dicha meta fue incumplida, de manera particular en medicamentos para la cura de enfermedades crónico-degenerativas.
Sin embargo, en este país nuestro -en donde todos los funcionarios son sabelotodo, el joven funcionario fue designado por su amigo el presidente Enrique Peña Nieto, candidato a suceder en el cargo a Miguel Ángel Mancera.
En el ámbito de la Delegación Regional del IMSS, cuyo titular es Francisco Iván Beltrones, hemos observado los esfuerzos que hace ante sus superiores -recordar que las grandes decisiones se toman en la Ciudad de México- por alcanzar el mejoramiento de sus áreas administrativas y de servicios médicos y asistenciales. Lo vemos muy activo promoviendo nuevas inversiones hospitalarias con el fin de eficientar los servicios que demanda una derechohabiencia en notable crecimiento. Sin embargo, “falta mucho por hacer” para llegar al punto ideal que permita una atención adecuada a la demanda.
Los servicios de emergencia, siguen siendo el talón de Aquiles del Seguro Social. Falta de personal, de instalaciones y equipo necesario para que se pueda cumplir con la divisa del IMSS: “Prestar servicios con calidad y calidez”. Situación similar se presenta en Especialidades, particularmente en el área de Cardiología.
Lamentablemente enfermedades que afectan nuestra salud nos llevaron solicitar servicios médicos, comprobar las deficiencias señaladas y corroborar las acciones de Beltrones para superar su dicho: Falta mucho por hacer.
En este marco de cosas, la aplicación de multas severas a quienes se atrasan en el pago de las cuotas obrero-patronales y la rigidez en su cobro, el procedimiento ha llegado a desmantelar negocios de la manera más incongruente al extraer herramientas y equipo imprescindibles para su funcionamiento.
Se ve que los diseñadores del proceso ignoran la crisis económica que afecta a millones de dueños de negocios -sobre todo Mipymes- propiciada precisamente por políticas económicas erráticas del propio Gobierno federal en sus afanes de aumentar su recaudación fiscal.
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